Un fallo judicial le ordenó al Estado bonaerense a que en cinco días diseñe un plan de vacunación contra el coronavirus para las personas privadas de libertad con factores de riesgo que se encuentran alojadas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
La medida fue solicitada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que encabeza Adolfo Pérez Equivel, y rechazada en una primera instancia. Ahora, la Cámara en lo Contencioso provincial dio lugar a un recurso de apelación.
En el fallo que se dio a conocer hoy la Justicia ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense “a que en el plazo de 5 (cinco) días, arbitre con carácter de urgente las medidas necesarias para garantizar un plan programado de acceso a la vacuna contra el Covid-19 a las personas privadas de su libertad que formen parte de los grupos de riesgo frente a dicha enfermedad, en compatibilidad con la evolución en la inoculación en la que se encuentra el programa provincial ‘Buenos Aires Vacunate’”.
La sentencia se aprobó con la presencia de los magistrados Claudia Milanta, Gustavo Spacarotel y Gustavo De Santis, aunque este último firmó en disidencia.
El escrito, al que tuvo acceso DIB, indica que “las personas que se encuentran privadas de libertad pueden tener mayores obstáculos al momento de acceder al programa de vacunación provincial que aquellas personas que no se hallan en tal situación”, y explica que lo ordenado “no implica una alteración o modificación del ‘Plan Buenos Aires Vacunate’ en cuanto al orden de prioridades establecido para la aplicación de vacunas”.
Desde la CPM habían advertido que las personas mayores de 60 y entre 18 y 59 con factores de riesgos son alrededor de 1.500 en los penales y que en este marco no se había implementado un mecanismo para que las mismas sean vacunadas. (DIB) MT
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