Hoy en el partido de General Pueyrredon, Concejo mediante y Arroyo que la ratifica, se adhiere a una ley del Congreso provincial, sobre Declaraciones Juradas, que promovió la Gobernadora María Eugenia Vidal.
Lo que todos quieren desconocer es que en 1988, surge de los concejales de entonces y el intendente Angel Roig, que la sanciona, todos elegidos por el pueblo, la Ordenanza 7023. Para algunos olvidadizos, estábamos en una democracia que pretendía madurar. No era fácil entonces y la realidad de hoy, triste si las hay, continúan existiendo restos importantes y trascendentes de conceptos autoritarios. Se venía de años de dictaduras con desvíos legales que todavía no hemos podido superar ya que la Democracia se sustenta en el cumplimiento fiel de las leyes y así crece una República. Y vamos a las lamentables pruebas
La norma mencionada establecía la obligación de hacer las declaraciones juradas en todos los ámbitos del municipio, entes descentralizados y sociedades de Estado. Dice que “… deberán efectuar en el plazo de treinta (30) días a contar desde la toma de posesión, una declaración jurada patrimonial”.
La Ordenanza 7023, está además cargada con una serie de sanciones muy graves. Dice su art. 3 ° que al no cumplimentarse, “multa equivalente a cien (100) por ciento de su remuneración cuando no lo presentara en el término fijado en el artículo: 1° de la presente, importe que será retenido de sus haberes por intermedio de la Oficina Liquidadora correspondiente a requerimiento de la Dirección de Personal de la Municipalidad. b. Con cesantía, si vencidos los términos que establecen los artículos 7°de la Ley y 1°de la presente, fuere intimado para cumplimentarla y no la presentará en el plazo de diez (10) días. c. Con exoneración, en caso de comprobarse falsedad u omisiones dolosas en su contenido”.
Integrantes de Jubilados Activos de Obras Sanitarias, quienes tratamos de ir más allá de nuestros directos derechos, todos los actuales funcionarios y concejales, desde comienzo de 2017, fueron puestos en autos de la presencia, muy bien “escondida”, de la norma que proviene de 1988. Notas y cartas documentos así lo acreditan. La última al mismo concejal Ariel Ciano que presentó el proyecto presentado.
En Obras Sanitarias, en Enero de 2017, intimados a realizarlas por estos jubilados, autoridades negaron su obligación. Ante inconcebibles dudas, consultaron al Tribunal de Cuentas de la provincia. En poco tiempo ese cuerpo de control fue terminante sobre la vigencia, remarcando algo esencial, aunque cualquier funcionario niegue el conocimiento de una norma en particular, no se debe ignorar y tiene plena obligación su cumplimiento.
Ante lo ineludible, las autoridades de Obras Sanitarias fueron a los hechos evadidos. Resolución mediante, en Mayo de 2017, en una medida insólita, pusieron en vigencia la Ordenanza 7023, desde ese momento, y a cumplir con las declaraciones juradas. El sentido común, para no entrar en cuestiones legales, indica que nunca se puede dar que un organismo pueda poner en marcha una ley, pero Obras Sanitarias lo hizo. Las resoluciones se basan en leyes y su vigencia no puede ser subordinada a una disposición.
Lo concreto es que algunas declaraciones juradas están, pero otras siguen faltando en la publicación obligada en el sitio oficial de la comuna. Por caso, la del secretario de Economía comunal, Hernán José Mourelle. Más que increíble, pero todo es posible en nuestro distrito. Hay que tomar en cuenta que dicho funcionario provino del riñón del gobierno provincial y asumió el 22 de septiembre de 2017. Para más, la Ordenanza 7023 establece su renovación cada dos años. Y para muchos ya estamos en eso.
En síntesis, cuando la comuna y el propio intendente Carlos Arroyo, buscan fondos en otros infractores, que los hay y muchos en variados terrenos; ellos mismos deberían proveer una cantidad varias veces millonaria al erario público, poniendo en orden sus propias faltas. Para recordar, retención total de sus haberes al cumplirse 30 días sin que se presente la Declaración Jurada y así sucesivamente. El jefe comunal la presentó un año tarde. Empecemos a contar ahí y sigamos sumando los muchos funcionarios que siguen ninguneando lo que mandaba concretamente la Ordenanza 7023.
Menos palabras, más hechos y basta de jugar a las escondidas. De todas maneras estos jubilados “molestos”, hemos puesto todas estas barrabasadas en conocimiento del Tribunal de Cuentas y esperemos que desde ahí se marque el ejemplo que siguen negando los elegidos por el pueblo.
Miguel Toscano
DNI 5.329.126
