Con el voto negativo de Acción Marplatense, se aprobó, en el último plenario, la incorporación del proyecto presentado por la concejal Vilma Baragiola, proponiendo la declaración de emergencia en Seguridad Pública en todo el partido de General Pueyrredón, por el término de seis meses, y citando a sesión pública al secretario de Seguridad, Justicia Municipal y Control Adrián Alveolite.
Este expediente había sido pedido por la edil radical para ser tratado en la sesión del jueves 16, y por error se incluyó en la nómina de expedientes, que formaron parte del orden del día, advirtiéndose luego que el Cuerpo no lo había votado oportunamente por lo cual volvió a formular la moción, que sería avalada mayoritariamente.
El jefe de la bancada oficialista, Ariel Ciano intentó vanamente disuadir a los boinas blancas, asegurándoles que, en su carácter de presidente de la Comisión de Legislación, iba a cursar una invitación al cuestionado titular del área municipal de Seguridad para que concurriera a la Comisión “este lunes o el próximo”.
“Yo pensaba que el Sr. Alveolite iba a venir a la última reunión de la Comisión de Legislación y espero que, como lo conversaron en la Comisión en los últimos días, pueda venir la próxima semana, para poder conversar con él sobre este tema pero, de todas formas, reitero el pedido de moción de preferencia para la próxima sesión ordinaria, con o sin despacho”, mocionó Baragiola, desbaratando el intento del oficialismo por dilatar la cuestión.
A su vez, pidió al Cuerpo que tuviese en cuenta que “el Sr. Alveolite había sido citado, o por lo menos se había conversado, en la Comisión de Legislación, para que sea citado el lunes de la semana pasada, pero no lo convocaron, no se realizó la reunión ni tampoco se hizo presente este funcionario, y como veo que no ha sido incorporado este expediente al orden del día, estoy pidiendo que tenga moción de preferencia para la próxima sesión”.
Por su parte, Ciano aclaró que “el martes pasado se reunió la Comisión de Legislación y no concurrió el Sr. Alveolite porque no se encontraba en la ciudad, de cualquier manera yo me comprometo a convocarlo para la próxima o la siguiente reunión de Comisión, cualquiera de los dos lunes”.
Y en tren de aclaraciones, el concejal radical Mario Rodríguez consideró, también, oportuno dejar en claro que el oficialismo se había comprometido a que, entre otros expedientes vinculados a la seguridad, discutir con el funcionario mencionado el Convenio de Adhesión al Régimen de Policía Local, pero faltando al compromiso lo despacho de manera expeditiva, con el acompañamiento del Frente para la Victoria, mientras “el Secretario de Seguridad sigue sin aparecer por la Comisión de Legislación”.
En tanto que la presidenta del bloque UCR, Cristina Coria, insistió con la incorporación del expediente, en el orden del día de la 12ª sesión ordinaria, alegando que “nos parece inconcebible que, con todos los expedientes que tenemos para tratar vinculados al tema de la inseguridad y con lo que está significando este tema para la vida y la muerte de todos los marplatenses y batanenses, el secretario de Seguridad este haciendo tiempo, para no venir a la Comisión de Legislación. Este es un tema que no se puede demorar más, tendría que venir sin invitación, a la Comisión de Legislación, tanto para tratar los Convenios, que nos mandan, como para analizar la situación general de inseguridad global en nuestro partido, así que nosotros vamos a insistir para que se incorpore este expediente para la próxima sesión, con opción de preferencia y con o sin despacho”.
El oficialismo agotaría todos los recursos para enjabonar el palo, pero se revelarían inútiles; no solo en esta cuestión sino, también, en el intento infructuoso de pasar a un cuarto intermedio, para evitar que el Convenio de Adhesión al Régimen de Policía de Prevención Local, no retornara a la comisión de origen, donde este lunes, a las 10.30, después de la reunión que mantendrá, en su despacho, el Intendente con los jefes de bancada, será materia de un arduo tratamiento.
El oficialismo, a regañadientes, deberá avenirse a las modificaciones impulsadas por las fuerzas opositoras, que cuestionan entre otros ítems, la creación de una estructura burocrática, que no solo adolecería de superposición de funciones, conculcando, en algún caso, las normas provinciales, sino que su manutención implicaría un drenaje anual que rondaría los 6 millones de pesos, un monto similarmente oneroso al que ya demanda, en materia de funcionarios políticos, el sector específico de la Secretaria de Seguridad, Justicia Municipal y Control.
Roberto Latino Rodríguez
