La Defensoría del Pueblo local expresó su preocupación por la situación de los estudiantes secundarios usuarios de la línea de transportes interurbana Costa Azul, que no disponen del respectivo boleto estudiantil, debiendo erogar la totalidad del boleto.
Esta situación, denunciaron, genera una “clara discriminación inconstitucional con relación al resto de los estudiantes de su mismo nivel que no deben trasladarse a establecimientos de otros distritos, y pone en riesgo la continuidad escolar”.
En ese sentido, los defensores del pueblo Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón, exhortaron al gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de General Pueyrredon y la empresa de Transporte Costa Azul a arribar a una solución para las aproximadamente 600 familias que hoy padecen la situación.
Durante más de 37 años las autoridades y prestadores del servicio público implementaron el sistema de boleto estudiantil, permitiendo a los estudiantes que residen en la zona comprendida por las rutas 88, 11 y 2 concurrir a los establecimientos educativos en condiciones de igualdad y no discriminación.
“De manera inconsulta autoridades y empresarios suprimieron el referido boleto estudiantil, afectando de tal manera la posibilidad de los educandos de asistir a los establecimientos educativos”, señalaron.
En un comunicado expresaron que “resulta totalmente justificada la urgencia de resolver la situación de más de 600 familias que viven en cercanías de las rutas 88, 11 y 2 y que ven vulnerada la posibilidad de educar a sus hijos ante la imposibilidad de afrontar el costo del valor ordinario del transporte”.
Los defensores del pueblo señalaron que la situación produce “un grave menoscabo al derecho de los estudiantes a acceder a la educación, máxime cuando quienes utilizan el esquema del boleto estudiantil integran grupos familiares de escasos recursos y el costo del servicio que deben afrontar, a valores normales, asciende a sumas que superan largamente los 200 pesos diarios”.
La Defensoría del Pueblo se expresó oportunamente, junto a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el INADI delegación local, SUTEBA y ATE, expresando la “discriminación y el trato desigual” de la que eran objeto los estudiantes que debían salir del Partido de General Pueyrredon para cursar sus estudios.
En este sentido se ha iniciado ante la Justicia local una causa en tratamiento en la Cámara de Apelaciones, con el objeto de obtener un mandato jurisdiccional que garantice a los estudiantes el acceso al boleto estudiantil, cuya implementación habría sido “suprimida” de manera abrupta.
“Con carácter previo a promover el pedido de auxilio jurisdiccional han realizado gestiones ante las autoridades y empresarios y que, por fuera de las idas y venidas ocurridas, lo cierto es que el problema continúa sin solución”, expresaron los defensores.
