A pocos días del 150 aniversario de la fundación de Mar del Plata, la ciudad no deja de acumular desafíos que la ubican en una baja calidad política, poca intensidad en valores y principios que alejan a los gobernantes de sus habitantes.
“La mayoría se cansó del relato de quienes se vacunan primero, de quienes usan sus cargos públicos para financiar su actividad política…” expresó la diputada nacional del PRO Silvia Lospenatto en su reciente uso de la palabra en la Cámara de Diputados, que recibió una ovación de sus pares y asistentes a la sesión, alcanzando millones de reproducciones en las redes sociales.
Justamente el intendente Guillermo Montenegro, proveniente del PRO entregará en cinco días la designación de vecino ilustre a Florencio Aldrey Iglesias, quien precisamente está siendo investigado por ser un vacunado vip durante la pandemia generada por el brote de Covid 19.
Y en el tren de conductas y acciones que no dignifican la celebración de esta hermosa y querida ciudad, este jueves el distrito de General Pueyrredon pasará a tener el valor más elevado de la carga de combustible del territorio argentino, el 2,50 % que cada surtidor recaudará para las arcas municipales. Un súper impuesto que la mayoría propia oficialista aprobó en el HCD para que le cierren los números a Juntos Por El Cambio en esta nueva mecánica de contabilidad creativa y presupuestos tensionados.
No sólo no enmiendan errores sino que se empeñan en su cometido de carancheo político que entablan quienes dicen ejercer la máxima conducción partidaria de los principales integrantes de Juntos Por El Cambio que públicamente han admitido el rompimiento de la sociedad electoral del PRO y la UCR. En efecto, Emiliano Giri y Daniel Núñez escalaron en acusaciones de “devolver cargos, montoneros, gobernar con Cristina , con el PRO”.
Quedó la sensación que todo está roto, pero la sociedad política que constituyeron con fines electorales es la responsable del manejo de $ 200.000.000.000.- anuales en los cuales se desenvuelven exorbitantes gastos propios de la discrecionalidad política.
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