Un grupo de diputados de la Coalición Cívica denunció a Juan Martín Mena, secretario de Justicia, y a Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por el supuesto delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. Sostuvo que promovieron una movilización contra la Corte Suprema que tiene por objeto “presionar a los jueces de la Corte e interferir en su labor”, algo que está prohibido por la normativa nacional e internacional.
En el documento citaron expresiones de Mena que evidencian -dijeron- su apoyo explícito a la movilización. “Siempre estoy a favor de la manifestación popular de la gente, cuando sin intermediarios le dice a los poderes hegemónicos su opinión y límites”, manifestó el funcionario.
Según los denunciantes, de esta forma “el secretario de Justicia convocó a una marcha que tiene por objeto la destitución de los jueces de la Corte, porque considera que es un poder hegemónico al cual debe ponérsele límites”. Advirtieron que esto excede el marco de la sana crítica democrática ejercida bajo el derecho a brindar su opinión libremente. Y remarcaron que “el aval a mecanismos de presión directa sobre los jueces” no puede confundirse con “el derecho de peticionar ante las autoridades o a la libertad de expresión”´.
La denuncia fue presentada por los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic, Marcela Campagnoli, Rubén Manzi, Victoria Borrego, Laura Carolina Castets, Mónica Frade, Leonor Martínez Villada y Mariana Stilman.
Para todos ellos, “más graves fueron las expresiones” de Cristina Caamaño, titular de la AFI y presidenta de la agrupación Justicia Legítima, quien aseveró que “es más que necesaria la movilización de la gente el 1º de febrero”. También dijo que el objetivo es “terminar con la corporación judicial”.
En este sentido, los diputados remarcaron que la agrupación Justicia Legítima, presidida por Caamaño, convocó públicamente a la marcha. Esta organización, advirtieron, cuenta con funcionarios judiciales afines al Frente de Todos, como el juez nacional Juan María Ramos Padilla, uno de los organizadores de la marcha.
“D´Elia expresó que no fue él quien organizó la marcha, sino que fue organizada por el juez federal Juan María Ramos Padilla y otros funcionarios judiciales afines al kirchnerismo”, afirmaron en el escrito judicial y presentaron las declaraciones del juez en una entrevista: ‘’Para poder avanzar, los cuatro cortesanos se tienen que ir”.
Además, presentaron el comunicado de Justicia Legítima para convocar al acto. “Apoyamos y concurriremos a la Marcha #1F para sumarnos a expresar el repudio popular”, dice el texto. También detalla las peticiones que formularán colectivamente, entre ellas, “la reformulación de la instancia más alta del Poder Judicial”.
Contra la Constitución Nacional
“Las declaraciones y maniobras reseñadas, se dan de bruces con el marco normativo internacional y nacional”, afirmaron los denunciantes en su presentación. Por sorteo, el caso les tocó al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Gerardo Pollicita.
Dentro de instrumentos normativos hicieron referencia a la Carta Democrática Interamericana, que establece que “son elementos esenciales de la democracia (…) la separación e independencia de los poderes públicos”. Luego de citar otras normas, afirmaron que “todos los instrumentos internacionales protegen la independencia tanto de jueces y fiscales de presiones e intromisiones de los otros poderes del estado y en especial del Poder Ejecutivo”.
Asimismo, recordaron que la Constitución Nacional establece que el mecanismo para remoción de los jueces de la Corte Suprema es el juicio político, tal como lo indican los artículos 53 y 59. Por último, concluyeron que “el secretario de Justicia de la Nación parece haber hecho caso omiso a la normativa”. (DIB)
