“Es indudable la responsabilidad política del Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Defensa por esta tragedia que se cobró las vidas de 44 argentinos, por la falta de las diligencias adecuadas”, afirmó la Comisión Bicameral investigadora del naufragio del ARA San Juan al comenzar la presentación del informe que elaboró tras casi año y medio, luego de un inicio en el que, dijo el senador por Tierra del Fuego, José Ojeda, “teníamos un submarino desaparecido, muchas preguntas y pocas respuestas”.
En los 16 meses de investigación, detalló el senador Ojeda en la reunión pública ante familiares de las víctimas, los integrantes de la Bicameral no fueron “recibidos por la presidenta del Senado ni el presidente de la Cámara de Diputados” ni recibieron colaboración del Poder Judicial. “Muchos quieren que se indique un autor, que exista alguien a quien condenar, pero aquí hay varias responsabilidades compartidas”, indicó Ojeda.
“Han incidido un sinnúmero de factores” en el naufragio, advirtió el senador.
En un adelanto para la prensa de las 300 páginas del informe la Bicameral destacó el “desamparo al que fueron sometidos los familiares de los 44 tripulantes, con los destratos, ocultamiento de lo que verdaderamente estaba sucediendo” por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Para la Bicameral, los “responsables políticos manipularon la verdad de la información a los familiares desde los inicios. Ante los indicios de la gravedad de los hechos, en lugar de agilizar sólo dilataron la contratación de la empresa que se dedicaría a la búsqueda de la nave”. Además, resultó “evidente que el accionar oficial inetntó que la tragedia del ARA San Juan pasar rápidamente al olvido”, detalla el anticipo.
Qué pasó en el ARA San Juan
Para los investigadores de la Comisión hay “imposibilidad de dictaminar definitivamente lo sucedido, al no poder peritarse sus restos”. Dentro del submarino, al momento del naufragio, “nunca se tuvo comprensión de la gravedad situacional, ni de la exactitud y magnitud de la avería y siempre se confió en el material”.
Por qué ocurrió el naufragio
“No puede dejarse de lado el contexto general presupuestario que han venido padeciendo las fuerzas armadas” desde el regreso de la democracia en cuanto a “mantenimiento de sus bienes de capital, armamento, capacitación, estructura y capacidad operativa”, indicó la Bicameral.
En ese contexto, hubo, además, “falta de supervisión por parte de la conducción de la fuerza”. Luego de su “reparación de media vida, el submarino navegó en 2016 veintiocho días y tuvo 488 horas de inmersión con 3.105 millas náuticas. En el año 2017 tuvo 53 días de navegación, 804 horas de inmersión y navegó 5.464 millas.”
Durante esas navegaciones, la nave requirió mantenimiento en distintos momentos, varias de esa reparaciones requerían “entrada a dique seco”, pero las reparaciones “fueron dilatadas hasta el doble de la recomendación temporal que debía tenerse en el manejo de una nave de ese tipo”. Aunque la nave debía “ingresar a dique seco cada 18 meses, extendidos por la Armada Argentina hasta 24 meses”, al momento del naufragio llevaba “más de cuarenta y cuatro meses sin esa necesaria entrada”.
Responsabilidades operativas
Las autoridades navales subestimaron la gravedad del incidente, señaló la investigación. “No se tuvo en cuenta un antecedente gravísimo, el incendio de baterías por ingreso de agua a través del balcón de barras, sufrido en puerto por el mismo submarino, (año 1995) y que llevó más de veintisiete horas extinguir por sus continuas reanudaciones”.
Para senadores y diputados, hubo “responsabilidad palmaria en los momentos iniciales por subestimar la situación del Jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos, del Jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, del Comandante de la Fuerza de Submarinos y del Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y que la cadena posteriormente se extiende al Subjefe Vicealmirante de Infantería de Marina Miguel Ángel Máscolo y con mayor responsabilidad aún al jefe de la fuerza, Almirante Srur por su deficiente manejo de la crisis”.
Responsabilidades políticas
Para la Bicameral, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, incurrió en omisiones que implicaron “la ineficiente y displicente utilización de los recursos del Estado Nacional disponibles para la búsqueda tras la finalización del operativo internacional, el incumplimiento del compromiso de una rápida contratación directa de una empresa privada que derivó en un largo trámite que insumió más de cuatro meses, el maltrato sistemático a los familiares de los tripulantes desaparecidos y la maniobra ante los familiares para intentar responsabilizar al Congreso Nacional por las demoras en la contratación”.
Aguad, además, demostró “una profunda desidia, desinterés y displicencia respecto de la búsqueda, tanto en la omisión de las acciones necesarias para sostener una eficiente búsqueda del submarino y de sus tripulantes, como en el despliegue de acciones que han tenido como finalidad dilatar la posibilidad de que el Estado nacional cuente con los recursos necesarios –nacionales e internacionales como públicos y privados- para la efectiva búsqueda”.
Por su parte, el presidente de la Nación, “como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, exhibió un bajo nivel de involucramiento con todo lo relacionado a la tragedia. Sostuvo en el cargo al Ministro luego de los hechos y de su cuestionable desempeño. Las escasas oportunidades en las que apareció vinculado con la temática lo hizo en forma superficial, sin ejercer nunca su mando ni comando sobre la fuerza y muchas veces demostrando falta de empatía con los familiares de los tripulantes”.
Fuente: MinutoUno