A pesar del abroquelamiento de gran parte de la oposición para evitar que se juicio político al procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, Diputados del Frente de Todos muestran optimismo sobre la posibilidad de alcanzar los 47 votos necesarios para la obtención del quórum que habilite el debate.
¿Qué debe pasar para que el Procurador General vaya a juicio?
Primero, el Frente de Todos debe lograr que dos tercios de la cámara se preste a sesionar y apruebe la resolución. En caso de que eso ocurra, se conformará una comisión parlamentaria que se encargará de verificar las presentaciones judiciales y la evidencia contra el procurador, como así también los testimonios de los involucrados citados a testimoniar.
Un dato que adelantó Infocielo semanas atrás es que la comisión bicameral de enjuiciamiento de magistrados quedó sin titular tras el fin de mandato de Mario Giacobbe, Leandro Blanco, y el salto de Agustina Propato a Diputada Nacional. Hasta que se constituya la comisión en marzo y se definan las autoridades, sólo podrá recibir denuncias.
A partir de allí, se formalizaría una acusación que evaluará el Senado para hacer el juicio de mérito y decida o no el apartamiento de Conte Grand.
Los ejes del pedido de juicio político
En el mes de diciembre, Diputados bonaerenses del Frente de Todos lanzaron la intención de llevar al jefe de los fiscales a juicio político por “mal desempeño en ejercicio de sus funciones”.
Entre los puntos centrales del pedido, mencionan la “pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al ex Presidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre”.
La “manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal” y
la “efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas, que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre”.
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