El programa de salud bucal que dirigió Rocío García, y por el que está imputada por “defraudación a la administración pública”, no pudo realizarse sin la utilización de un conjunto de universidades sobre las cuales la justicia hace foco. El juez Julián Ercolini envió oficios a las casas de altos estudios exigiendo que envíen al juzgado todos los convenios de colaboración firmados con el programa Argentina Sonríe, y las facturaciones realizadas a nombre del mismos. Sobreprecios, irregularidades administrativas y direccionamiento en las contrataciones son algunas de las sospechas.
Importantes sobreprecios, direccionamientos de las compras y favorecimiento de un único proveedor (agravado por posible vínculo familiar), incumplimiento de los procesos licitatorios,adquisiciones de materiales innecesarios, son algunas de las acusaciones que señala la denuncia contra Rocío García, pareja de Máximo Kirchner.
La nuera de la ex Presidenta está imputada por “negociaciones incompatibles con la función pública” y/o “defraudación en perjuicio de la administración pública”, por las irregularidades observadas en el Plan Argentina Sonríe. La causa apunta a García como “el pilar de Argentina Sonríe, ella decía qué se hacía y qué no”. El plan demandó una erogación de 223 millones de pesos.
Además, se investigan las responsabilidades administrativas deElena Morán (madre del diputado Andrés “Cuervo” Larroque)coordinadora general, María Belén César Gallardo (nuera de Julio De Vido), directora nacional de Salud Bucodental, Eduardo Bustos Villar que encargó los trabajos a Callmed SA y al presidente de la firma, Guillermo Bidinosti, que se presentó ante el juez.
En esta instancia de la causa el juez Julián Ercolini se concentró en las Universidades, utilizadas según la denuncia”triangulación de los pagos” para la refuncionalización de los móviles que demandaron 31.411.100 pesos.? Envió una orden de presentación a las casa de estudios para que se remita al juzgado toda la documentación de los pagos y otros “intercambios institucionales”, según confirmaron a Clarín.
Para evitar los “circuitos administrativos correspondientes” indica la denuncia, se usaron las universidad nacional de Chaco, de Entre Ríos y de San Martín para el manejo de estos fondos. En muchos casos, “no rendidos y con rendiciones irregulares”.
A la Universidad de San Martín el magistrado le requirió toda la documentación referida al convenio de colaboración para “la implementación del programa Argentina Sonríe”. La universidad brindó asistencia técnica “pese a que no dicta la carrera de odontología”, inidicaron a Clarín fuentes judiciales.
Asimismo, se pidió que la universidad envíe al juzgado la “totalidad de las órdenes de pago efectuadas con respecto a los servicios facturados” y que fueron rendidos “de forma parcial”. También se exigió nota certificada de “toda nota que dé cuenta del intercambio institucional que se hubiere efectuado entre esa casa de estudios y el ministerio de Salud” de quien dependía Argentina Sonríe.
Entre la documentación que las universidades deberán enviar al juez Ercolini, están las órdenes de pago, los contratos celebrados con el personal que trabajaba en Argentina Sonríe, todas las facturaciones para el pago de contratos mensuales o por guardia, donde se deberá especificar “el detalle de las funciones que habrían desempeñado cada uno de los agentes”.
Las universidades involucradas deberán también informar sobre “el proceso institucional ?adoptado para la selección del recurso humano que fue contratado por la universidad” y todos los operativos que se realizaron. La denuncia sostiene que no hubo ningún criterio aplicado al respecto y que esto se trasladaba al pago de salarios donde algunos profesionales, por las mismas horas y funciones, cobraban eol doble que sus pares.
El plan Argentina Sonríe “trianguló los pagos con tres Universidades”, indica la denuncia. Para la refuncionalización de los móviles se destinaron más de 31 millones de pesos por intermedio de la universidad nacional de Chaco, de Entre Ríos y de San Martín. Callmed SA recibió el dinero de parte de todas ellas. En el caso puntual de San Martín se denunció que se habrían “desviados pagos por 574.782 pesos para servicios de consultorías para una empresa mendocina”, corriéndose del objetivo original del convenio.
Estos convenios de colaboración con tres universidades no “justifica la adquisición de bienes” indica la denuncia y plantea: “Sobre todo cuando el único proveedor que intervino tiene sede en Capital Federal y las casas de Altos Estudios tienen otras jurisdicciones. Así, se pagó más caro la adaptación de los vehículos que la adquisición de los mismos.
Clarín
