Dos cuentas en el Banco Provincia de Buenos Aires, a cargo de la Jefatura de Gabinete bonaerense, que desviaban fondos de la recaudación de los DNI y hasta montos extraídos del timbrado de “exposiciones” (denuncias u otra tramitación) en comisarías, conectan al ex gobernador Daniel Scioli y varios de sus colaboradores directos en presuntos delitos que incluyen el enriquecimiento ilícito.
La información surge de las últimas diligencias judiciales ordenadas por el fiscal Álvaro Garganta que revelaría el modus operandi utilizado para supuestas maniobras de lavado de activos e irregularidades en el manejo de fondos durante la gestión del ex candidato presidencial.
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Las dos cuentas estaban a nombre del jefe de Gabinete, Alberto Pérez. El funcionario realizaba las rendiciones correspondientes. Algunas de las extracciones se registraban como cajas chicas. Consultado por el medio Clarín el ex presidente del Bapro, Gustavo Marangoni, explicó que “el banco es intermediador. Funciona como agente financiero del estado provincial y, en este caso como en otros, los montos depositados provienen de fondos públicos auditados”.
Sostiene, además, que si el titular de las cuentas se presenta para un retiro cash, transferencia electrónica o cheque, la entidad no puede oponerse a la operación.
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El punto no estaría en la irregularidad de esa tramitación, si no en la conformación de los recursos de esas dos cuentas. Y la utilización posterior: entre ellas a la entrega de subsidios “truchos”, según la sospecha judicial.
La operación bancaria debe atravesar mecanismos de auditoría internos, desde el cajero hasta la gerencia y el directorio. Y además, el control externo de la consultora contratada por el Bapro, la compañía Price Waterhouse.
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Mucho habrá que revisar en esos movimientos bancarios. Scioli no está procesado. El fiscal aseguró que no tiene previsto llamarlo a indagatoria por ahora. “Es investigado en la causa que surge de la denuncia por enriquecimiento ilícito” que presentó la diputada nacional Elisa Carrió.
El abogado Alfredo Gastón Coti, a cargo de la defensa del ex gobernador, no recibió comunicación de la fiscalía para alguna nueva tramitación vinculada con la causa.
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En las cercanías de Alberto Pérez, insistieron en aclarar que “los gastos extrapresupuestarios son una herramienta legal que tienen todos los gobiernos para gastos que requieren urgencia, como una inundación una catástrofe, accidentes u otra alternativas no previstas”. Deberían tener controles previos del Tribunal de Cuentas, antes del gasto y de la Contaduría, la fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno, después. Es un campo intrincado donde entran desde viáticos hasta gastos de hotelería.
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Consultado por el matutino capitalino, Pérez precisó que “todos los actos administrativos en la Provincia tienen controles. Los gastos extrapresupuestarios están regulados en el artículo N 40 de la Ley 10.189 complementaria de la Ley de Presupuesto. Durante nuestra gestión este tipo de gasto insumió una parte ínfima del presupuesto provincial y tuvo la aprobación de todos los organismos de control señalados”.
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