Luego de 20 años de luchar por un campo que habían ganado en una rifa, deberán recibir un millonario resarcimiento de 100 millones de pesos de parte de la comuna. Mientras peleaban por el terreno, que hoy vale más de 4 millones de dólares, el mismo fue a remate y tiene dueño.
Allá por 1995, la suerte había golpeado su puerta. Sonia Della Vedova de Godoy y Clorinda del Carmen Gallego de Sandoni habían comprado una rifa y se habían ganado un campo. Cuando creyeron que su sueño de dedicarse en productoras rurales se cumpliría, la realidad también las golpeó. Ahora, deberán ser indemnizadas y podrían costarle la quiebra a un municipio.
Sin embargo, el terreno, 327 hectáreas aptas para la agricultura, nunca pudo ser escriturado. Los responsables del sorteo incumplieron el compromiso de pago y todo terminó en un juicio que, 20 años después, llegó a la Corte Suprema.
Las mujeres demandan Chascomús por 100 millones de pesos y las autoridades comunales consideran que no hay chances de revertir el fallo, pero tampoco tienen posibilidades de pagar ese monto, pues el presupuesto anual de la ciudad es de 250 millones de pesos. La quiebra estaría asegurada.
La odisea comenzó cuando tres escuelas rurales organizaron un gran sorteo para juntar fondos. Pidieron autorización al Concejo Deliberante y pusieron como primer premio un campo que había comprado una empresa que se encargaba de estas iniciativas. Pero nadie verificó que la sociedad carecía de la escritura y, en su lugar, contaba con apenas un boleto de compra.
Como si eso fuera poco, estaba previsto ofrecer 1.000 números, pero se vendieron casi 2.000, a 700 pesos (entonces dólares). Finalmente, en la Lotería Nacional salió ese día el número 2.300 y Della Vedova y Gallego tenían el cartón ganador. Cuando fueron a la escribanía, comenzaron los trastornos. Jamás pudieron poner un pie en la propiedad, valuada hoy en día en casi 4,5 millones de dólares. Para colmo, con el correr de los años, la propiedad fue a remate judicial y ya tiene dueño.
Las frustradas ganadoras apelaron a la Justicia: denunciaron ante el Juzgado Civil y comercial N° 27 a las cooperadoras, a la Provincia y a la empresa. En primera instancia, fueron todos condenados a resarcirlas, pero los dueños de la firma terminaron responsabilizando por daños y perjuicios a la comuna. El fallo fue ratificado por la Cámara y la Suprema Corte bonaerense. Ahora está en evaluación del máximo tribunal nacional.
“Es exagerado que sólo la administración municipal aparezca como única responsable de la estafa, porque no organizó la rifa y no se quedó con la plata”, se quejó el intendente, Juan Gobbi, quien cree que la Corte mantendrá la condena y que será “imposible” afrontar la demanda.
La Razón
