Las posibles figuras de incumplimiento de los deberes del funcionario público y malversación de fondos, aparecen “prima facie”, como los cargos más prominentes en relación al manejo de los dineros públicos, que recibió la Municipalidad de General Pueyrredón.
A raíz de la denuncia presentad de oficio, por el fiscal federal Juan Manuel Petiggiani, que tramita ante el fiscal Claudio Kishimoto, se han presentado espontáneamente testigos que han prestado declaración en el expediente y han realizado importantes aportes de documentación inherentes al caso, debido al carácter probatorio de la misma.
En relación a la presentación de declaraciones testimoniales y a la posible citación de funcionarios políticos municipales, para declarar en la causa, se expresó que por el momento no resulta conveniente, ya que con el avance de la investigación, podrían ser citados en declaración indagatoria, como se deduce también del rechazo del papel de querellante a la MGP, oportunamente efectuado por el juez Alejandro Castellanos, ante un pedido de la Secretaría de Gobierno.
Surgen en primera instancia, dos temas puntuales que llaman la atención a quienes conocen la diligencia judicial, que se lleva adelante. En primer lugar la morosidad en la ejecución de partidas ya determinadas en el Plan Integral de Protección Ciudadana, lo cual repercute negativamente en la calidad del servicio, que demanda la población en estado de emergencia por la inseguridad reinante.
En segundo lugar, la inobservancia de los ítems asignados a producir la erogación de las remesas enviadas desde la Nación. Allí se han apartado del marco del convenio no respetando lo rubros, produciendo superposición y/o desvíos de fondos, hacia otros fines que violan los términos del acuerdo firmado por las autoridades políticas, en ese momento Carlos Stornelli, Sergio Mazza, José Scioli y Gustavo Pulti.
En este sentido, los funcionarios de ley municipales, han firmado la liberación del dinero bajo los denominados decretos de insistencia, figura a la cual deben apelar los intendentes, cuando no proceden ajustándose a las reglas administrativas que rigen a la administración pública, según informaron fuentes consultadas por mdphoy.com , que hicieron especial hincapié en este detalle, que no resulta menor en una investigación de este tipo.
Existe asimismo en sectores afectados, existe mucha molestia por la dilación injustificada en el trámite de adjudicación e instrumentación del proceso, ya que tras 18 meses sólo se ha invertido alrededor del 30 % del total asignado, y un gran porcentaje corresponde a gastos a realizar, es decir previsionados, como combustible, alojamientos, designación de un cargo de Coordinador General que todavía no ha sido creado etc., lo cual indica que una vez consumida la partida, Mar del Plata quedará desabastecida.
Por otra parte, no es ajeno el impacto que tiene en estos momentos, el enfrentamiento entre el poder político y la Suprema Corte de Justicia, frente a incumplimientos de las mandas de sus fallos, que provocan un estado de desobediencia en la máxima instancia del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido el intendente Pulti, en su arenga política a funcionarios de su gabinete, ha sostenido que no debe sentir preocupación, por la acción de la justicia, dado que existen resortes que operan y manejo ese ámbito, desde el poder político central, que los cubre ante contingencias de esta naturaleza.
En pocas palabras, el intendente en un estadío de mimetización con el P.E.N., instó a sus funcionarios, a no quedar inmovilizados frente a denuncias y/o causas como la que se sustancia en la denuncia penal, en la que se evalúan puntualmente, las irregularidades que podrían derivarse en la instrumentación del Convenio del Plan Integral de Protección Ciudadana, fundamentadas en la denuncia penal, que dio origen a la causa.
Jorge Elías Gómez
jgomez@mdphoy.com
