Serios incumplimientos contractuales de empresas y de la gestión municipal, fueron detectados y están en manos de la justicia, que deberá ir a fondo con la investigación que surge del resultado de la auditoría, sobre contrataciones directas y otros aspectos derivados del análisis de la misma. Hay empresas y funcionarios directamente comprometidos por su responsabilidad a cargo del área. No se descartan denuncias a partir del estado público del resultado de la auditoría, ya que hubo damnificados por acción u omisión.
mdphoy.com tuvo acceso a la denuncia resultante de la auditoría contable, jurídica y técnica en la Secretaría de Seguridad y justicia municipal, que el jefe comunal Fernando Arroyo radicó, el 24 de febrero pasado en la UFI 10, solicitando que se investigue “algunos hechos que requieren a mi criterio una investigación judicial, a los efectos de aclarar la posible comisión de incumplimiento de los deberes de funcionario público o de tal vez la posible comisión de algún otro ilícito previsto en nuestra legislación”.
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En la referida denuncia, el intendente resaltó además que “de las actuaciones administrativas revisadas, resulta que la administración anterior adoptó una actitud pasiva y que ello podría ser considerado como incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Puntualizando a continuación que “no es un dato menor” puesto que pone “en juego la seguridad de la población”, el hecho que al 22 de enero de este año, fecha en que el auditor entregó el informe, restaban instalar en el Centro de Control y Monitoreo 327 cámaras de seguridad. Destacando que el vencimiento inicial de la tercera etapa, según el pliego de licitación 22 /2013, que derivó en un contrato entre la Municipalidad de General Pueyrredón y la empresa “Global View S.A.”, “era el día 31 de marzo de 2014, y que a esa fecha, debieran haberse instalado mil cámaras hecho que aún no está cumplido”
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A renglón seguido, se remitió al informe de la auditoría, consignando que “solo se abonaron las tres primeras cuotas por un monto de $ 3.668.247 y todas las restantes desde febrero de 2015 a la fecha, se encuentran impagas”.
En tal sentido, agrega que “tampoco se habrían aplicado a la empresa las multas por incumplimiento de los plazos de obra. Aclarando que “a fojas 3 del informe, el auditor expresamente dice que la empresa no tiene excusas atendibles para justificar dicho incumplimiento”.
Asimismo, Arroyo hizo hincapié en que “lo más grave del caso es que el auditor interpreta que las facturas sobrantes en el Expediente Municipal MGP-2013-166610/4 CPO.6, CORRESPONDIENTES A LAS EMPRESA “Global View S.A.”, no se corresponde en su monto, a lo previsto en las cláusulas del pliego de licitación y contrato de adjudicación que liga a ambas partes”.
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Señaló, también, que “el Auditor termina diciendo que la empresa adjudicataria no dio cumplimiento a las etapas de obra en los tiempos previstos, al punto de que expresamente dice “que en las facturas entregadas por la empresa, relativas a la licitación pública 22/2013, las cuales obran en el Expediente Municipal referido en el presente y que no se encuentran conformadas, deben ser nuevamente confeccionadas y reformuladas en atención que el pago que debe efectuar la municipalidad mensualmente debe hacerse por la etapa plenamente operativa y no por el sólo transcurso de los meses”.
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Además, destacó que conforme al informe del auditor “la deuda actual a determinar por la Municipalidad y que corresponda a las etapas que debieron cumplirse hasta el 10 de diciembre de 2015, debieron ser abonadas por la administración del contador Pulti” y no por su gestión.
En otro de los puntos de la denuncia, planteó que “es criticable el sistema seguido para contratar el servicio de transporte de los efectivos policiales” porque “en todos los casos, las contrataciones fueron directas a pesar que los montos del contrato excedían las cantidades máximas para ese tipo de contrataciones”. Y que “tampoco resulta claro el motivo por el cual se alquilaron baños químicos cuando los mismos ya existían con instalaciones fijas en la sede de la Policía Local de Av. Juan B. Justo y calle Reforma Universitaria”.
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El intendente Arroyo, solicitó que se investigue “sí las erogaciones citadas, realizadas todas en forma directa, hacen o no responsables a los funcionarios que las autorizaron”.
La denuncia, que dio lugar a la Investigación Penal Preparatoria ( IPP) 4277/16, fue acompañada por una copia certificada de la auditoría realizada por el Director General de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gobierno, Dr. Iván Lorenzo Gemignani, con la colaboración del CPC Juan Cruz Falacara.
Roberto Latino Rodríguez
Siguen desbordando las ollas con materia fecal.El municipio es una cloaca!!!