La modalidad de trabajo de manera virtual en la Municipalidad de General Pueyrredón, ha quedado definitivamente sin efecto desde el pasado 1º de Octubre. Aunque la Dirección de Defensa al Consumidor, a cargo de Sebastián Ruiz Moyano, aún continua sin atención al público y con sus persianas bajas, pese a que en el mismo edificio funciona la Subsecretaría de Inspección General y la División Estacionamiento Medido, sin ningún tipo de restricción al respecto.
Tal vez se haya puesto en práctica una flexibilización laboral de hecho, largamente reclamada desde diversos sectores para aliviar los excesivos costos que impone el Estado en todos sus órdenes. En este caso Ruiz Moyano sería un pionero en la materia, dándose una llamativa paradoja, dado que se trata del hijo de Eva Moyano, sobrino de Hugo y primo de Pablo y Facundo, reconocidos por la defensa de los derechos de los trabajadores
Además de no atender al público, los empleados continúan con el sistema de burbujas semanales y no registran mediante el reloj biométrico su ingreso a cada jornada laboral, sino que tienen un sistema de planillas de firma, que claramente se puede adulterar pues firman aquellos días en que no se presentan a trabajar, pero cobran la totalidad de sus sueldos mensualmente, cuando no cumplen siquiera el 25% de sus jornadas laborales.
Defensa del Consumidor, depende directamente de la Secretaría de Gobierno a cargo de Santiago Bonifatti. Quién hasta el día de hoy no ha brindado explicaciones sobre el trato diferenciado que posee esa Dependencia, para con el resto de las áreas bajo su órbita. Esto genera un gran malestar entre el personal municipal que observa con fastidio privilegios del personal que está a cargo de Moyano.
Sin embargo, ese malestar que no logró eco en el STM ya que nadie de la Comisión Directiva se hizo presente ni tampoco le han pedido explicaciones a Bonifatti, porque unos empleados tienen que asistir a trabajar y otros siguen con el régimen que empezaron con la cuarentena dura el 16 de Marzo de 2020.
A la fecha no hace más que considerarlos como privilegiados, dejando desamparados a usuarios y consumidores de Mar del Plata, que deben entablar denuncias por violación a sus derechos.
