Semejante empeño en implementar el sistema sin acuerdo político ni aprobación mediante ordenanza del Honorable Concejo Deliberante, tras lo cual se decidió rubricar un convenio mediante un decreto municipal, puede comenzar a tener efectos prácticos cuando la saturación con las cámaras tenga un impacto recaudatorio inigualable, a pesar de que se insiste que ese no es el objetivo que se persigue.
El procedimiento utilizado es propio de una empresa privada y no de la administración pública, como también resulta de notoria desventaja a la hora de la distribución de utilidades y/o beneficios, ya que lo recaudado es una transferencia salvaje a manos de un privado ajeno a Mar del Plata, a través de estructuras administrativas, logísticas y legales de la Municipalidad de General Pueyrredon, que comprende nada menos que 20 años de vigencia, lo cual vuelve sideral una eventual indemnización de una resolución para rescindir el contrato firmado.
Los ensayos en modo espejo entre CABA y Mar del Plata han sido una constante desde 2015 hasta la fecha, cuando una pata del PRO hizo su llegada a General Pueyrredón, le llamaron Scinto, le llamaron tablero de control, le llamaron Joaquín De La Torre, con torvos métodos reclamando las secretarías de Hacienda y Gobierno, hasta que llegó Guillermo Montenegro.
Ahora hay bingo en la sala. Según el gráfico que ilustra el texto la caja política de Rodríguez Larreta en CABA a través de las fotomultas es de $US 90.000.000.- (noventa millones de dólares) con un método como se está instalando paulatinamente en Mar del Plata.
NOTAS VINCULADAS
Fotomultas: fundamentos de una decisión política improcedente e incompatible
