Desde el Departamento Ejecutivo habrían emitido una señal respecto a la iniciativa de las bancadas oficialistas de la UCR y la Agrupación CREAR, que impulsaron conjuntamente en la comisión de Legislación, un pedido de informes al secretario de Hacienda Hernán Mourelle, a fin de que éste evalué la posibilidad de solicitar a las autoridades provinciales y de la Universidad Tecnológica Nacional que resignen sendos porcentuales en el reparto de fondos planteado en el proyecto de fotomultas.
Por consiguiente, el expediente obtendría despacho en la próxima reunión de Hacienda y de no mediar imponderables, tras un previo paso por la comisión de Hacienda, integraría el temario de la reunión plenaria del Cuerpo prevista para el 30 del corriente.
El proyecto original del polémico convenio para la implementación del sistema de fotomultas fue aprobado en la Comisión de Transporte a fines del año pasado, asigna el 40% de los fondos que recaude el sistema para el municipio, el 40% para la UTN y el 20% restante para la provincia de Buenos Aires.
Cabe recordar que el Foro Municipal de Seguridad elevó al HCD, en el mes de abril, una propuesta que no fue considerada en comisiones. La misma tendía a que se implemente el sistema de Fotomultas a través de la infraestructura del Centro de Monitorio (COM) y el grupo de Inspectores de la Dirección de Tránsito local.
“Implementar dicho sistema a través de infraestructura propia ya existente y monitoreada por personal municipal permitirá la inmediata aplicación del sistema de fotomultas”, adujeron por entonces los integrantes del Foro, destacando que “lo recaudado será ingresado en su totalidad, a excepción de lo que corresponda a la provincia y a las arcas municipales”.
No obstante lo cual el oficialismo insistió sugestivamente con el polémico convenio, a pesar de que la conducción de la facultad regional La Plata, se encuentra bajo la lupa de la Justicia, ya que en la Causa 977/16 radicada en la UFI 5 a cargo de Leila Aguilar, se investiga a la misma por la presunta malversación de fondos públicos, fraude al fisco y lavado de dinero a través de convenios realizados con diferentes ministerios durante la era kirchnerista, que le costaron al Estado nacional cientos de millones de pesos.
A fines del año pasado, el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani, formuló ante la Fiscalía General una denuncia penal a posterior desestimada por la Justicia, en la cual acusaba al gobierno comandado por el intendente Carlos Arroyo por posible defraudación a la administración pública.
Por entonces el líder de Agrupación CREAR Lucas Fiorini, quien aún formaba parte del Frente Renovador, consideró que “lo más lógico es llamar a licitación porque el convenio con la UTN no es transparente”, sentenciando que “el Estado municipal está en emergencia económica y no puede darse el lujo de resignar livianamente un 26% de una recaudación que se presume millonaria”.
Roberto Latino Rodríguez
