A mediados de mayo, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue procesado por abuso sexual simple y por entorpecer a la justicia violando una perimetral contra su víctima. Mientras se desarrolla la investigación judicial, otra denunicia amenaza con resurgir del olvido , pero, podría reabrirse.
Corría el año 2017. María Eugenia Vidal gobernaba la provincia de Buenos Aires y Mauricio Macri, hacía lo propio a nivel nacional. Elisa Carrió era una de las aliadas estratégicas de Cambiemos y la espada más filosa a la hora de realizar denuncias judiciales.
Acompañada por su equipo de diputados de la Coalición Cívica, ese año, Carrió recibió una documentación ABC1 con escuchas legales a las altas esferas de la cúpula de la policía de La Matanza que lo vinculaban a su ex intendente, Fernando Espinoza.
Pero los barones del conurbano aún eran intocables y la denuncia de Carrió pasó desapercibida en medio de escándalos por la ruta del dinero K, la detención del vicepresidente, en aquel momento, Amado Boudou, y los imputados colaboradores que amenazaban con “cantar todo” en Comodoro Py.
Espinoza logró tapar una grave denuncia judicial de Carrió por “posible asociación ilícita”.
La hipótesis de la denuncia es que existía un sistema de recaudación ilegal que se constituía utilizando recursos y atribuciones de los funcionarios municipales que reportaban directamente al intendente Espinoza.
Los negocios llegaban directamente al crimen organizado. Parecían escenas salidas de la película Tropa de Elite, en la que se observa la corrupción de la policía brasileña y sus relaciones carnales con el poder político.
