En los últimos días tomó estado público la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revisará el reclamo de Farmacity contra la Provincia de Buenos Aires. Desde el Colegio de Farmacéuticos bonaerense (CFPBA) aclararon a través de un comunicado “transmitimos nuestra preocupación por la decisión de la corte nacional que pone en riesgo la vigencia de la Ley 10606 que surgió del consenso de la legislatura bonaerense, que ha sido perfeccionada y respetada por todas las gestiones gubernamentales bonaerenses”.
Asimismo, sostuvieron que “es una norma sólo cuestionada por Farmacity cuya presentación ante la ley ha recibido fallos de primera, segunda instancia y una resolución unánime de la Suprema Corte Provincial, rechazando los planteos de la empresa que busca imponer el modelo de Farmacia Shopping”.
Acto seguido, recalcaron que “la Ley vigente establece un modelo sanitario, que promueve la instalación de nuevas farmacias en barrios y pequeñas localidades, que extendió en forma racional una red de 4.500 farmacias que abarcan la provincia y regula el tipo de productos que pueden venderse, para garantizar que los medicamentos no se mezclen con otro tipo de mercaderías”.
“Los farmacéuticos bonaerenses creemos en el trabajo profesional y la sustentabilidad económica para garantizar un servicio de calidad. También auspiciamos la instalación de nuevas farmacias que respeten las leyes de la provincia”, manifestaron.
En tal sentido, remarcaron que “por eso repudiamos y rechazamos que se vulnere la Ley y se haga a la medida de una sola empresa que además pondría en riesgo la dispensa de medicamentos” y agregaron que “nos preocupa que haya presiones políticas para intentar atropellar las instituciones democráticas de la provincia. Muchos medios han rescatado nuestra preocupación, muchas organizaciones se han solidarizado y tomaron el compromiso de acompañarnos en esta pelea por hacer respetar las leyes vigentes y un modelo sanitario”.
Finalmente, destacaron que “además de las expresiones de políticos y funcionarios, valoramos la participación activa de otras entidades profesionales que alertaron sobre la pérdida de independencia y soberanía del Estado Bonaerense si la justicia federal puede modificar o suspender la aplicación de una normativa que lleva tres décadas de aplicación”.
