La senadora Elisa Carca y la diputada nacional Mónica Frade, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Senado bonaerense y miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados de la Nación -respectivamente-, solicitaron al presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal, que interceda ante las autoridades de la provincia de Formosa.
El pedido llega “dadas las irregularidades a las que estarían siendo sometidos ciudadanos argentinos y de otras nacionalidades que se encuentran en territorio formoseño ‘aislados’ en los diferentes centros de aislamiento de dicha provincia, que de por si no cumplen con las condiciones sanitarias recomendadas por las autoridades de salud, respecto a la forma de proceder en el marco de la pandemia del Covid-19”.
Las legisladoras hacen mención a que en los medios se puede ver una difusión de videos, imágenes y testimonios en las redes, vinculados a la forma en que son tratados por los responsables del sistema sanitario y demás autoridades del Estado formoseño.
Además señalan el sometimiento “a inhumanas condiciones de aislamiento de quienes se encuentran allí, violándoseles sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte de nuestra legislación”.
“Desde el comienzo de la pandemia, en el mes marzo del año 2020, en la provincia de Formosa se han producido un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, muchas de las cuales han sido judicializadas y, la más elocuente -sin duda- es la intervención del máximo tribunal de Justicia de la Nación, haciendo cesar una medida ‘sanitaria’ de gobierno comportaba claras violaciones a la Constitución Nacional y tratados internacionales”, manifiestan Carca y Frade.
“El gobierno de Gildo Insfrán, a través de esas medidas sanitarias bajo la argumentación de la ‘protección del derecho a la salud’, como derecho único y absoluto; suprimió el ejercicio de los restantes derechos garantizados por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales, comenzando por el más básico, cual es el derecho a la libertad de circulación”, expresaron.
Las legisladoras destacan el “uso creciente de la fuerza”, “violencia institucional”, además del impedimento del “reingreso de 8.300 formoseños, cuya cuarentena los sorprendió en otros sitios de la República Argentina”.
“Durante ocho meses esos compatriotas, mayores y menores, fueron condenados a vivir a la intemperie. Claramente, la ‘salud’ de ellos no llegó a conmover la decisión soberana del gobernador. Esos vulnerables, quedaron librados a su suerte”, expresa el comunicado firmado por las legisladoras.
Carca y Frade culminaron reiterando al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura el pedido de intervención “con la finalidad de arbitrar los medios necesarios y proceder ante las autoridades de la provincia de Formosa para que cesen en forma inmediata las políticas llevadas adelante en el marco de la pandemia del Covid-19 que, lejos de proteger la vida, la salud y la libertad de miles de personas alojadas y privadas de la libertad en lugares de aislamiento establecidos, menoscaban los derechos humanos”.
