Es verdaderamente insólito, ya que para el 70 % de los habitantes es el principal factor de preocupación.
Mar del Plata es la ciudad que encabeza los registros de asesinatos y muertes violentas, por miles de habitantes, con relación a otras ciudades del país. Un récord para nada envidiable, que ha venido reiteradamente señalando en forma exclusiva mdphoy.com con estadísticas propias, oficiales y de organismos vinculados a la problemática.
En los últimos días, ocho personas han perdido la vida. La inseguridad se ha transformado, en un sinónimo de muerte en la Ciudad Feliz. Pero hay un silencio cómplice de los medios kirchneristas de Mar del Plata, que no abordan con la intensidad que debieran este trágico flagelo. Vecinos de Parque Luro debieron recurrir al corresponsal del diario Clarín, que dedicó dos páginas, sólo a los casos que se registran en ese barrio, uno de los más seguros de la ciudad.
Es necesario reparar y detenerse en la insólita disputa pública que mantienen a través de los medios de difusión, el fiscal general Fabián Fernández Garello y el presidente del Colegio de Abogados, doctor Fernando Román González, sumándose hoy el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, a través de un comunicado emitido en términos inusuales por su dureza, que avanza además en un pedido de sanción al funcionario del Ministerio Público Fiscal.
Los abogados son parte de la aplicación de justicia, a través del ejercicio de su profesión se convierten en auxiliares. Pero desde la fiscalía general se los protege, cuando cometen prevaricato de acuerdo a una experiencia propia, archivando las causas, cuando existen pruebas fehacientes e irrefutables de culpabilidad. Pero además, planteados los casos en el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, los mismos se desestiman, en función de lo que se resuelve en las fiscalías, que políticamente conduce Fernández Garello con la bajada de línea de la Procuradora General de la Provincia doctora María del Carmen Falbo.
La conclusión es obvia. Los mismos abogados continúan delinquiendo, acumulando antecedentes y perjudicando a la sociedad en la cual están aforados. No es casual que obren en ese sentido, si cuentan además con la permeabilidad de quienes deben controlar su ejercicio ético, en un tema tan grave como el prevaricato de los profesionales del Derecho. Es agobiante la burocracia y los ciudadanos terminan rendidos, aún cuando existan pruebas abrumadoras, y las reincidencias convierten a esos profesionales, en la misma clase de delincuentes que forman parte de la calesita, desde donde entran y salen, seguramente dejando atrás a un ciudadano despojado, perjudicado que espera una justicia, que inexorablemente no llegará nunca, ni tarde siquiera.
Se han dado casos en los cuales los propios damnificados, han aportado pruebas de esclarecimiento de delitos y sus autores, aún así no han conseguido que la justicia proceda, por abarrotada, por desidia, por negligencia, por desinterés y por irresponsabilidad.
El sistema es perverso. Quién se atreve a desafiarlo termina enredado en una madeja, que lo vuelve cautivo y termina siendo sumiso a la estructura, de la cual deben eximirse sólo a algunos miembros de la conformación del Poder Judicial. La justicia es una excusa, que armó un mecanismo, cuya razón excluyente es la pirámide salarial, desde la punta de la escala hasta la misma base. El poder judicial se ha convertido en una carrera, y no son precisamente los fallos los que hablan de una base sólida. El ciudadano está desprotegido, porque la justicia se ha colocado al servicio de la política oficialista.
Muchas veces se habla de la corrupción de la policía, cuando también existe el mismo standart en el poder judicial, sujeto a las necesidades de la política de los gobiernos de turno. Hay fallos inexplicables, absoluciones, excarcelaciones que son obtenidas sorteando el espíritu de las leyes, violando los principios más elementales de la señora de la balanza. Hoy la víctima tiene menos derechos que el victimario, es notoriamente más expuesto y decisiones judiciales lo dejan a merced de quienes se han especializado en eludir la ley, jamás dispuestos a cumplir con ella.
Cómo en la caso de la policía, el poder judicial sufre el mismo desencanto. La falta de presupuesto, que reduce a una mínima expresión la disposición de equipamiento, personal especializado, falta de capacitación etc. Ésta no es una “Argentina para todos”, lo que brilla por su ausencia es la seguridad y la justicia para todos. La demagogia y el populismo con recursos del Estado, disfrazados de subsidios, planes sociales y computadoras, es un combo fatal para la República y para la democracia.
Por supuesto que nada resulta casual, sino que responde a un plan perfectamente orquestado y ejecutado. Creer lo contrario sería un absurdo y un imperdonable exceso de ingenuidad. Todos son funcionales a sus intereses aún los que discuten a través de los diarios.
Jorge Elías Gómez
