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Escándalo político: Fricción en la interna municipal por fallo judicial

El tratamiento de residuos en el predio de disposición final, se encamina hacia una nueva prórroga que permitirá sostener precariamente a Ciageser (playón social) Ashira (Relleno Sanitario) y Esur (planta de lixiviados), en el marco de una contratación directa dispuesta por 8 meses y que ya va a cumplir 2 años.

“No son más que nuevo tiros en los pies” alertaron en el entorno de la mesa chica del “number one”, “Son errores no forzados”, advirtieron mientras festejaban el tercer gol argentino ante Croacia en el fan fest, que junto a la ciclovía, se exhiben como los mayores logros del oficialismo en tres años de gobierno.

Siempre que hay una prórroga hay un beneficiario y el cauce, una vez más,  sería extender la declaración del estado de emergencia y una eventual nueva aprobación del pliego de llamado a licitación pública con las modificaciones del caso, según prosperen las apelaciones municipales, lo cual se descarta dada la contundencia del fallo y la absoluta grosería de la maniobra de direccionamiento.

A partir de la resolución judicial, las instancias que deben cumplirse abarcan diferentes trámites, entre ellos constituir una caución real en el expediente judicial,  así como el despacho por vía administrativa de la impugnación del acto promovida ante el EMSUR.

Esto en principio estaría significando que el proceso del actual llamado, sufra una postergación hasta el primer semestre del año próximo, lo cual coincidirá con el pico de la campaña política electoral 2023, un lapso de tiempo que no es el más recomendable para despejar el camino de otro de los grandes problemas sin resolver del gobierno de Guillermo Montenegro, que estará transitando los últimos meses de este mandato.

Según fuentes informativas que surgen del propio palacio municipal, el fallo judicial originó un fuerte debate interno, como lo que habitualmente se denomina “pase de facturas” e involucran a funcionarios del EMSUR, el presidente del ente,  Sebastián D ¨Andrea,  al director de Legal y Técnica Mauro Martinelli (no le ven uñas de guitarrero luego de su floja actuación ante el desalojo de terrenos usurpados en el Barrio Las Heras) y por extensión a quien se considera la mano derecha del intendente Montenegro, el senador provincial Alejandro Rabinovich.

El juez Marcelo Fernández se expidió en una resolución por la cual el Juzgado Contencioso administrativo Nº 2 dictó una medida cautelar, en la cual manifiesta que existe un cuestionamiento calificado como “tendencioso en el pliego licitatorio” que frenó la convocatoria abierta el pasado 18 de noviembre y cuya apertura de ofertas estaba prevista para el próximo 27 de diciembre.

El tratamiento de residuos en el predio de disposición final es uno de los pilares sanitarios del Partido de General Pueyrredon y en esta modalidad política – administrativa del gobierno Guillermo Montenegro, iba a consagrarse en una nueva adjudicación a precios cartelizados, amén de cuales han sido los parámetros de elaboración del presupuesto oficial.

Si es tendencioso el espíritu de la convocatoria a licitación pública, por qué debería dejar de serlo el presupuesto oficial, monto a partir del cual las oferentes deben girar las cotizaciones. Ya el paquete de sucesión de prórrogas viene complicado en tal sentido y la inflación mete más ruido en otra de las cuestiones de fondo. Ya las sucesivas prórrogas de hecho arrojan como beneficiarias a las empresas que operan en el predio.

El juez Marcelo Fernández tuvo en sus manos la facultad de abortar, por lo menos por ahora, un procedimiento que asombrosamente tiene como tutorial la actual intendencia. Buscar los atajos para acceder a la discrecionalidad de una mayoría legislativa oficialista que componen el PRO, UCR y CC, que entrega los votos haciéndose cargo políticamente de las consecuencias, con un cúmulo de irregularidades que se han transformado en la regla, no en la excepción.

La administración Montenegro ha avanzado de esta forma en diversas oportunidades, pero en esta ocasión ha quedado muy malherida, porque abre el sendero de las observaciones y cuestionamientos, que forman parte de un paquete que permite acceder a cajas que en parte se destinan a la financiación de la política.

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