El martes promete ser el último día activo para la política bonaerense y uno de los más productivos de todo el año, si se exceptúan los domingos electorales. Es que hay un principio de acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos para aprobar el Presupuesto, la Ley Impositiva, la nueva Ley de Gabinete y para repartirse buena parte del lote de cargos estatales pendientes de nombramiento. Por eso, sin mucha imaginación, se lo apodó “supermartes”, en referencia a la jornada que suele definir el esquema de poder en EEUU. Y si se coronan con éxito las negociaciones en curso para despachar también ahí una “solución” al límite de las reelecciones, el supermartes mutará en “hipermartes”, toda una originalidad bonaerense.
El escenario donde se decidirá todo es la Legislatura, aunque los actores implicados exceden ese ámbito: desde María Eugenia Vidal y Diego Santilli, hasta Axel Kiicllof, Martín Insaurralde y Máximo Kirchner, pasando por los intendentes de ambos sectores, todos están involucrados en las negociaciones. Se trata de una arquitectura bien compleja, donde la falta de entendimiento en un punto puede voltear todos los otros, como en esas secuencias de piezas de dominó. Y con una dificultad añadida: como ninguno de los proyectos tiene despacho de comisión, todos necesitan dos tercios de votos para ser tratados. Es decir, el OK de oficialismo y oposición.
Aun con esas salvedades, todos afirman que ya está cerrado el acuerdo para que Kicillof tenga el Presupuesto 2022, la Ley Impositiva y la autorización de endeudamiento. Algo que, en rigor, hace varios días que no se discute: la inclusión de un Fondo de Infraestructura Municipal que rondaría los $20 mil millones, la prórroga a la deuda por los fondos extra de la pandemia y la actualización del coeficiente de reparto de la coparticipación explican el entendimiento. “La ley de gabinete no se la podemos negar, es un resorte del Ejecutivo”, dijo a DIB un alto jefe parlamentario del radicalismo. El gobernador creará dos ministerios (Ambiente, para Daniela Vilar, camporista de Lomas de Zamora, pareja de Federico Otermín, el insaurraldista presidente de Diputados) y Transporte (va el massista Jorge D´Onofrio). Cultura, un área autónoma, quedará a cargo de Florencia Sanitout. Alberto Sileoni pasaría también sin problemas el filtro del Senado para asumir en Educación.
Con los cargos, aunque hay menos certezas, algunos puntos comienzan a aclararse. 1) Se avanzará con el directorio del Banco Provincia, porque se vencen los mandatos actuales. El reparto será cinco directores para el oficialismo (la mayoría si no todos los actuales renovarían, incluyendo el hasta ahora interino Alejandro Formento) y tres por la oposición. Uno para PRO, donde suena fuerte Bruno Screnci, exministro de gobierno porteño y mano derecha de Santilli y el resto para el radicalismo, en una lotería de nombres sin confirmar que incluye a Carlos Fernández y la posibilidad de seguir de Diego Rodrigo. 2) El Grupo Bapro también podría tener nuevo titular: Gustavo “El Tano” Menéndez, que pidió licencia en Merlo sin tener un cargo ejecutivo asegurado pero se portó “bien” con Máximo Kirchner en su encumbramiento en el PJ bonaerense. 3) Hay preacuerdo para que siga Guido Lorenzino como Defensor del Pueblo, con renovación de los defensores adjuntos (un radical, Honores; un massista, Martello; un “evita” Ancona) y la cobertura de dos vacantes, una para La Cámpora y otra para el PRO.
Hay más cargos que podrían resolverse ahora, como el sub contador y el subtesorero, pero la definición de las vacantes en la Suprema Corte pasaría para el año que viene, pese a que ya hay tanteo de nombres con la oposición.
La parte del león
La cuestión del límite de las reelecciones, que rige para intendentes pero también para legisladores y concejales, cruza transversalmente a las dos coaliciones mayoritarias. En ambas hay posturas contrapuestas y ninguna, además, tiene el número suficiente de votos para imponerle su criterio a la otra. Por eso, es la conversación que está más “abierta” y la que requiere un mayor nivel de entendimiento inter fuerzas. Hay, sí, una primera certeza: aunque hasta hace una semana cabía la posibilidad de postergarla, los sectores que quieren derogarla o morigerarla decidieron que es el mejor momento para intentarlo, pagando el menor costo político posible. La lógica es votar el marte justo antes de las vacaciones, para que la cuestión se diluya de la opinión pública durante la temporada de playa.
En Juntos, los intendentes –PRO y radicales- quieren avanzar con una flexibilización de la restricción, mientras que el vidalismo, que solo es representado por legisladores, quiere que todo quede como está. De hecho, emitió un comunicado a mitad de semana en ese sentido, que enfureció a los alcaldes. En el Frente de Todos, quieren reelección indefinida, pero el massismo no lo avala: votó con la exgobernadora en 2016 y mantiene ahora la misma postura. En la Legislatura hay un proyecto, del oficialista Walter Abarca, que deroga directamente la Ley, pero tiene el veto del radicalismo.
A su vez, los jefes comunales de la UCR le plantean a sus representantes parlamentarios la siguiente situación: por una particularidad de la redacción del decreto reglamentario correspondiente, hay más de 20 intendentes peronistas que lograron burlar el tope de dos mandatos vigente, tomando licencia y mudándose a un cargo ejecutivo (nacional o provincial, según el caso) antes de la mitad del segundo período.
Eso crea una “desigualdad” porque podrán buscar renovar en 2023, cuando los radicales, sin ejecutivos que los cobijen, debieron atenerse (en general, solo con algunas excepciones) a la letra de la norma y no podrán competir en el próximo turno. Por eso, plantearon una cláusula para que se compute el segundo mandato desde el primer día que se ejerce, lo que objetaría el vericueto legal que encontró el peronismo para zafar. Obvio: el Frente no lo votará.
Así las cosas, lo más probable es que se avance por una vía intermedia: reemplazar el artículo 7 de la ley 14836, que es la que limitó las reelecciones, para que el cómputo de los dos mandatos sea desde 2019. Es, en principio, un intento de win-win: para los radicales, porque les permite mantener la idea de que se oponen a las reelecciones indefinidas sin convalidar la “ventaja” para los peronistas licenciados. Y de paso, relaja la presión sobre su conducción legislativa, responsable de encontrar una salida a esa inequidad.
Y para el peronismo, porque pueden avanzar en una solución posible que estira a 2027 la vigencia del límite de dos mandatos. Una eternidad en la que puede pasar cualquier cosa, incluso derogar finalmente la ley. El punto a resolver es el mecanismo: ¿un nuevo proyecto? No necesariamente. Algunos imaginan un artículo en el presupuesto que derogue el artículo de la ley anti re. No es lo más prolijo del mundo, pero es técnicamente factible. “El vidalismo hizo lo mismo con la ley de juego on line, se atajan de antemano en el Frente. (DIB) AL
Por Andrés Lavaselli
