En 2007, en el tramo final del gobierno de Néstor Kirchner, el PAMI contaba con una estructura de 10.700 empleados. Hoy, ocho años después, tiene unos 20.000 trabajadores entre planta permanente y contratados. El PAMI no sólo no es una excepción en el exorbitante aumento de la planta laboral del sector público nacional, sino que es la confirmación de que el grueso de ese desmesurado desfase se ha producido durante los dos mandatos de Cristina Kirchner como presidenta de la Nación.
No es una casualidad que buena parte de esos noveles empleados, muchísimos de ellos sin la idoneidad ni la experiencia requeridas, procedan de las filas de la agrupación La Cámpora, la usina donde la Presidenta suele conseguir material humano para trocar puestos públicos en cargos militantes rentados, de donde obtiene “veedores” con la intención de que “el proyecto”, cuando no “el relato”, se mantenga vivo aun después de producido el recambio presidencial de diciembre próximo.
Un ejemplo tan claro como burdo de ese estado de cosas lo representa la creación en el PAMI de una estructura paralela, duplicando puestos en diversas áreas, según consta en una denuncia presentada por la diputada porteña por Confianza Pública, Graciela Ocaña, quien dirigió ese organismo en los primeros años de la gestión kirchnerista y conoce su funcionamiento.
Según denunció Ocaña ante la Justicia, el actual interventor en la obra social de los jubilados, Luciano Di Césare, modificó mediante dos dictámenes las estructuras de todas las unidades de gestión local (UGL), cabeceras de cada región y donde se atiende la mayoría de los 4.600.000 afiliados del PAMI, para crear una estructura paralela donde ubicar a 6000 militantes, en su mayoría de La Cámpora. Es decir, ni siquiera se trata de cargos nuevos, sino de duplicación de puestos laborales, lo cual implica pagar dos veces por hacer la misma tarea y con el dinero que debiera estar destinado a mejorar la atención de los adultos mayores.
A ello hay que sumar como agravante que, desde hace ya varios meses, el PAMI se encuentra en crisis, no obstante manejar el sexto presupuesto en importancia del país: 57.000 millones de pesos.
La legisladora porteña presentó su denuncia en los tribunales de Comodoro Py. La presentación recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional a cargo de Luis Rodríguez, quien primero deberá remitirla al fiscal Franco Picardi, ex funcionario del Ministerio de Justicia, vinculado con Justicia Legítima y con La Cámpora y fuertemente cuestionado por su parcialidad, para que formule el requerimiento de instrucción correspondiente o desestime la denuncia cuya carátula es “defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”. Cabe recordar que Picardi es el mismo fiscal que, ante otra causa contra el PAMI, intentó acotar sus alcances, lo cual fue rechazado por el juez federal Claudio Bonadio.
Desde estas columnas hemos comentado en reiteradas oportunidades el profundo daño que los sucesivos gobiernos kirchneristas han provocado a las arcas estatales con el abuso del empleo público, y no sólo en el orden nacional, sino también en el provincial y el municipal.
Ese copamiento del Estado se ha hecho sin reparos y sin vergüenza. Hace pocos días comentábamos cómo en el Indec muchos empleados militantes están recurriendo a las más variadas estrategias para perpetuarse en sus puestos después del 10 de diciembre. Pero la arremetida viene desde mucho antes: la incorporación de 7500 nuevos empleados a la planta permanente del Ministerio de Trabajo hace poco más de un año; los numerosos nombramientos en la Cancillería, donde son desplazados funcionarios de carrera por jóvenes inexpertos cuya principal carta credencial es el fanatismo por el proyecto político de la Presidenta, y la desmesurada ampliación de la planta de personal en Aerolíneas Argentinas, en la Inspección General de Justicia y en el Congreso de la Nación, entre otras tantas dependencias públicas, son algunos de los ejemplos. Incluso, llegaron a crearse nuevas áreas administrativas donde poder incluir a tanta gente que, de tener que competir en un concurso, difícilmente podría acceder al puesto que hoy ocupa merced a la “dedocracia” imparable del kirchnerismo.
Imparable, pero no impune. Toda esta discrecionalidad se seguirá pagando muy caro si no se toman medidas para revertirla.
Quienquiera que resultara finalmente elegido en las próximas elecciones presidenciales debería analizar minuciosamente estos atropellos; verificar la necesidad, oportunidad y legalidad de estos actos, y decidir en consecuencia. Como hemos dicho, y reiteramos en esta ocasión, es hora de que se pongan límites a la rapiña del futuro de todos los argentinos.
La Nación
La de la foto, que está con Cristina ¿no es Clara Barrenechea, la “martir” de Canal 10 que relató haber sido salvajemente agredida en una conferencia de prensa de Arroyo?
Yo creí que militaba en Hijos. Bueno, eso y La Cámpora tienen el mismo aroma…