El fiscal de Distrito Daniel Adler y los fiscales de Tandil y Azul participaron del cierre del encuentro. Pusieron en valor la prevención del delito, desde el trabajo en las escuelas, y hablaron sobre la necesidad de un compromiso “que no sea solo simbólico”.
El fiscal de Distrito Daniel Adler, junto a los fiscales Ángeles Ramos (Tandil) y Santiago Eyherabide (Azul), participó de las jornadas realizadas por la Mesa contra la Trata de Tandil, en el marco de la conmemoración de la sanción de la Ley Palacios, y destacó el avance de la Justicia a partir de la nueva normativa, y la sociedad en su conjunto a través de la prevención y la denuncia, sobre las redes de tratantes. “Si nosotros no estamos, ellos avanzan; si nosotros avanzamos, ellos retroceden”, sostuvo.
El encuentro se realizó en la Escuela N°7, del barrio Arco Iris. Durante la mañana, estudiantes secundarios debatieron la temática y volcaron sus visiones en afiches, pasacalles, canciones y spots publicitarios. “Tu hija, madre, hermana. Sin clientes no hay trata”, podía leerse en uno de los letreros elaborados. Luego llegó el momento del trabajo en talleres, donde se abordó la trata con fines de explotación sexual y laboral, y el rol de los medios de comunicación. Entre los presentes, estuvieron las mujeres que integran el escuadrón de género de la flamante Policía local de Tandil. De la organización participaron los representantes del MPF en Tandil, Micaela Rodríguez y Mariano Landry.
Adler, durante su intervención, destacó la importancia de trabajar para la prevención del delito desde una institución educativa, uno de los objetivos de la ley contra la trata 26.842, que obliga al Estado a actuar en este sentido, al igual que las convenciones internacionales vigentes. “Cuando llega el derecho penal, ya es tarde, porque el delito, la explotación, ya se consumó”, reparó y puso el valor el trabajo desarrollado con los adolescentes.
Por su parte, la fiscal Ángeles Ramos expresó: “Nuestro compromiso con el no a la trata no debe ser de un modo simbólico”. A su vez, mencionó que así como los representantes de la Justicia tienen herramientas legales para el combate de la trata de personas, la sociedad, dijo, “tiene la herramienta del sentido común”. “No demos vuelta la cara a las situaciones de explotación”, pidió y dijo que pueden hacer denuncias a la sede de la fiscalía (San Lorenzo 46, Tandil) o bien comunicarse con la línea nacional, gratuita y anónima que es el 145.
A su turno, Eyherabide invitó a pensar y poner en discusión la posibilidad de mejorar la legislación vigente, en relación al posible condicionamiento del imputado en el testimonio de la víctima. En este sentido, y respaldado de distintos autores, leyes y convenciones internacionales, habló de explotación sexual como una forma de esclavitud.
Planteó la relación sexual como un “servicio” de acuerdo a la visión del varón, que la mujer no disfruta. En este sentido, mencionó que para llegar a esa situación, la mujer atraviesa, al menos tres fases. Una tiene que ver con el distanciamiento (de su barrio, su ciudad, sus amigos, sus vecinos) y el cambio de nombre (suele usar uno de fantasía); luego llega la etapa de la disociación, a través de la cual separa lo que le pasa a su cuerpo de lo que ella es; y más tarde, “el proceso más cruel”, que tiene que ver con “jugar un papel” o simular una personalidad para satisfacción del cliente/prostituyente.
Ante ello, señaló que no sólo estas circunstancias se dan en un “clima de miedo”, sino que “la explotación no termina con el allanamiento”. “Es una relación que sigue viva y hay miedo al momento de tener que declarar”.
Del panel también participaron los periodistas Gastón Cabrera y Jazmín Ricce, y Stella Casasola, referente regional de RENATEA, quien señaló que la trata de personas con fines de explotación laboral “es un delito que priva a un ser humano de su derecho a la libertad de poder elegir”. Y llamó a correr el manto que existe sobre muchos campos de la región y el país de naturalización de situaciones inhumanas y de esclavitud. También puso en valor una reciente resolución que otorga el beneficio de una ayuda económica por seis meses, con posibilidad de prórroga, para víctimas de este delito.
