Si el anuncio de la exploración de petróleo offshore en el Mar Argentino levantó fuertes polémicas, el fallo del juez federal de Mar del Plata Santiago Martín para frenar la actividad sumará un nuevo capítulo de controversia luego de que haya “festejado” la resolución junto al abogado Daniel Sabsay, ex director y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el abogado José Esain, uno de los que pidió el amparo.
“Es un desastre”, apuntaron a INFOCIELO desde sectores que impulsaban la actividad petrolera. Reclaman que la reunión entre Martín, Sabsay y Esain viola la garantía constitucional de un juez imparcial, y que por lo tanto el fallo debería declararse nulo, por no respetar los principios básicos de la Justicia.
El Gobierno Nacional apelará el fallo contra la actividad petrolera
Luego de conocerse esa imagen, el ministro de Producción nacional, Matías Kulfas, adelantó que apelará la medida de Martín. “Vamos a insistir porque no hay ningún inconveniente, ningún perjuicio, y creo que sí hay una campaña de desinformación en algunos sectores. Esta actividad no va a generar ningún perjuicio para Mar del Plata”, dijo en diálogo con CNN Radio.
En ese sentido, Kulfas apuntó a dos argumentos del juez para realizar el fallo: por un lado, la alusión al acuerdo de Escazu, que indica que debe haber participación pública y acceso a la información en asuntos ambientales. “Hubo audiencias públicas”, justificó el Ministro.
“Hubo una audiencia que duró dos días si no me equivoco, por la cantidad de gente que participó y expuso”, agregó. También apuntan a que el acceso a la información pública es un derecho garantizado tras un decreto de Néstor Kirchner.
Antes, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) había manifestado inconsistencias en el fallo del Juez. “Se hace mención a la falta de consulta previa, estudios de impacto ambiental incompletos y falta de publicidad sobre los términos, lo cual demuestra un preocupante desconocimiento de los procedimientos por parte de quienes decidieron la prohibición” , manifestaron.
Y apuntaron contra el intendente Guillermo Montenegro por oponerse al proyecto sin participar de las audiencias públicas que se plantearon. “Nadie impidió su participación ni tampoco puede aducir que no estaba enterado”, indicaron.
Para la apelación participarán abogados y funcionarios del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía, y de la Procuración General, quienes analizarán el fallo y prepararán una presentación judicial.
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