El presidente Alberto Fernández le solicitó ayer
al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que impulse en el Congreso un programa de mejoras para el monotributo y de alivio fiscal, lo que incluirá la revisión del retroactivo fijado por la AFIP a los contribuyentes tras la recategorización.
Así lo planteó el Presidente al encabezar un encuentro en la Casa Rosada con Massa, el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, informaron fuentes oficiales.
El jefe de Estado analizó el impacto del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, que se implementó por ley, explicaron los voceros del encuentro.
De esta manera “se avanzará en un proyecto de ley que permita resolver el problema del retroactivo“, agregaron las fuentes, al señalar que la AFIP efectivizó el reclamo a los contribuyentes del sistema en los términos que dispone la legislación vigente.
Cuando la nueva norma sea aprobada en las próximas semanas por el Congreso, los contribuyentes monotributistas quedarán eximidos de abonar la potencial deuda generada de manera retroactiva en base a lo que determina el régimen sancionado en abril pasado por el Parlamento.
El nuevo proyecto habilitará al organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont a eximir de las deudas reclamadas por las diferencias acumuladas entre enero y junio de este año, originadas por la demora en la sanción de la ley que estableció las nuevas escalas del Monotributo con un ajuste del 35,3%.
Pero también se incorporará una “mejora del esquema del Monotributo con carácter progresivo” de manera de reducir la presión impositiva en las escalas mas bajas, en el marco de la menor actividad laboral que registraron muchos de los trabajadores independientes por la pandemia.
La semana pasada la AFIP categorizó a más de 4 millones de monotributistas de acuerdo con la escala que correspondía encontrarse encuadrado a partir de febrero de este año, en función de lo establecido por ley y en igual proporción que la evolución del haber mínimo jubilatorio.
Para atenuar el impacto en los trabajadores independientes, también dispuso un plan por el cual los pequeños contribuyentes podrían financiar hasta en 20 cuotas el pago de la diferencia generada como resultado del proceso de categorización.
La medida no obstante generó reclamos de los contribuyentes alcanzados por la aplicación del retroactivo, en particular a través del colectivo Monotributistas Organizados que esta tarde se congregó en Plaza de Mayo en rechazo del retroactivo, al que consideraron “ilegal, ilegítimo e inconstitucional”.
La Ley de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, aprobada en abril introdujo modificaciones en el monotributo que facilitan la transición hacia el régimen general de autónomos, con algunos beneficios, y al mismo tiempo actualiza los valores a pagar por las distintas categorías, con efecto retroactivo a enero de 2021.
La legislación contempla que las escalas y los tres componentes del monotributo (impositivo, seguridad social y obra social) se actualizan una vez al año, en enero, lo que técnicamente originó la aplicación del retroactivo.
Según la AFIP, la actualización “garantiza el financiamiento a la seguridad social y el sistema de salud, al tiempo que incrementa los montos que pueden facturarse anualmente en cada escala. En cada oportunidad los monotributistas deben recategorizarse en forma obligatoria”.
La normativa vigente establece que la actualización es equivalente a la variación del haber jubilatorio mínimo garantizado.
Sin embargo, la movilidad jubilatoria estuvo suspendida durante la segunda parte de 2020. Por eso, en enero de 2021 no fue posible adecuar los valores y escalas del monotributo. De esta forma, los pequeños contribuyentes debieron recategorizarse en enero con valores y escalas que no habían sido actualizadas.
La ley que creó el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes sancionada en abril de 2021 subsanó esos problemas al instrumentar nuevamente la movilidad y contemplar, por única vez, una categorización que se realizó a partir de la información disponible en la AFIP sobre la facturación de cada contribuyente.
Esa medida permite facturar más y al mismo tiempo actualiza los montos de las obligaciones que fundamentalmente financian la seguridad social y el sistema de salud.
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