El cuerpo masculino hallado ayer en el río Chubut tiene “el documento de identidad de Santiago Maldonado” en un bolsillo del pantalón, y en las próximas horas será llevado desde Esquel hacia la morgue de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Capital Federal para hacer la autopsia con representantes de todas las querellas a fin de identificarlo científicamente, según dos fuentes con acceso a la investigación consultadas por Clarín.
Una fuente que observó el cuerpo encontrado en el río en la zona del campamento mapuche afirmó que “en principio no presenta golpes ni heridas de bala visibles”, aunque la autopsia dará la versión precisa de cuáles fueron las causas de la muerte.
La fuente precisó que el cuerpo fue encontrado “a 70 metros” de una casilla de los mapuches gracias al testimonio de una persona que precisó el lugar donde estaba flotando. “Al cuerpo lo vio primero un prefecto, sin necesidad de que los perros lo detectaran”, aseguró el informante. Entones, el juez Gustavo Lleral, presente en el procedimiento, ordenó a todos que se retiraran para preservar la escena del hecho con la mayor de las precauciones.
El martes por la noche, luego del hallazgo del cuerpo, un grupo de mapuches encapuchados agredió físicamente a “cinco prefectos y a una perita de la familia de Maldonado” por lo que se retrasó el operativo de traslado del cuerpo hasta Esquel, que se encuentra a 95 kilómetros de la Pu Lof de Cushamen, ubicada dentro de una estancia de la empresa Benetton sobre la Ruta 40.
Pero hasta ahora nadie se atreve a identificar al cuerpo, que tiene una campera celeste como la que describió el mapuche Matías Santana en su testimonio. Ante esta situación, el juez Lleral le dio plazo hasta el lunes a las cinco querellas a pedir medidas de prueba para identificar al cuerpo. Se trata de la querella de la familia, de los organismos de derechos humanos y de la misma Gendarmería.
El cuerpo sería trasladado en las próximas horas a Buenos Aires,una vez que se disipe una tormenta eléctrica que afecta a Esquel, con un avión de la Prefectura Nacional.
Por otra parte, la Fiscalía Federal de Esquel, a cargo de Silvina Ávila, pidió a Lleral que ordene la realización de la autopsia del cuerpo hallado en el río Chubut con la participación “de todas las partes que integran la causa”, esto es “las cinco querellas y el único imputado de la fuerza sospechada que se presentó en el expediente”, en referencia a Emmanuel Echazú, de Gendarmería Nacional. Echazú, por las heridas que sufrió, es querellante en la causa por el corte de la ruta nacional 40. En realidad, Echazú no está imputado por nadie, sino que es querellante.
Si la autopsia se lleva a cabo sin la intervención “de todos los legitimados en el expediente, quedaría abierta la posibilidad a que se deba reordenarla, con el desgaste, incertidumbre y el sufrimiento que implicaría a los familiares de la víctima, sin soslayar las posibles impugnaciones o cuestionamientos que un peritaje de tal envergadura podría acarrear”, subrayó en un comunicado del Ministerio Público Fiscal.
La fiscal Ávila remitió su pedido a Lleral, a cargo de la investigación, para que “ordene el traslado al Cuerpo Médico Forense dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los fines de que se lleve adelante la operación”.
La representante del Ministerio Público Fiscal propuso la participación “en todo el proceso” del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) “a los fines de resguardar la cadena de custodia y reasegurar las medidas, en el marco del convenio firmado entre la organización y la Procuración General de la Nación el 27 de abril de 2015”. El EAAF ha identificado decenas de restos de desaparecidos durante la dictadura.
Asimismo, respecto de los puntos de pericia, requirió “que se cumplan con los previstos en el Protocolo Modelo para la Investigación legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias de la ONU (Protocolo de Minnesota)”.
Recordó además que el rastrillaje realizado el martes, en el que se halló el cadáver en el río Chubut, fue impulsado por la fiscalía federal de Esquel y la Procuraduría de Violencia Institucional, con la asistencia técnica del EAAF que colabora desde los inicios en el expediente.
