El bloque de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires cierra filas con el cuestionado procurador Julio Conte Grand y no dará el quórum en Diputados para iniciar el juicio político.
De este modo, la chance del kirchnerismo de alcanzar los dos tercios para remover al procurador parece esfumarse. El Frente de Todos necesita llegar a los 47 votos para poner en tratamiento el proyecto. El oficialismo tiene una banca de 43 y un aliado. Por eso los tres votos del bloque Avanza Libertad eran clave.
“No nos prestaremos a una maniobra que carece de fundamento jurídico y hemos decidido no dar quorum para su tratamiento”, dijeron desde el bloque a través de un comunicado.
“La acusación contra el Procurador General parece más un panfleto político que una petición jurídica y carece de la más mínima prueba de cargo, lo que confirma que obedece a motivaciones partidistas espurias y no a genuinas preocupaciones institucionales”, agregaron.
La semana pasada, diputados del Frente de Todos en la Legislatura bonaerense activaron el procedimiento para avanzar sobre el procurador. La estrategia era que el proyecto tome estado parlamentario en una sesión extraordinaria pautada para la tercera semana de enero.
Horas más tarde, senadores y diputados de Juntos salieron a mostrar unidad y se comprometieron a no darle los votos al oficialismo para avanzar con el juicio político.
El comunicado lo replicaron dirigentes y legisladores del PRO y la Coalición Cívica en las redes y más tarde se sumó el radicalismo. Eso último fue un dato político toda vez que en el oficialismo creían haber encontrado un resquicio para destituir al procurador a partir de la crisis que se abrió en Juntos por la avanzada de María Eugenia Vidal para frenar los cambios en la ley que limita las reelecciones de los intendentes.
Al rechazo también se sumó el bloque que responde a Gustavo Posse, de modo que dentro del arco opositor al Frente de Todos solo le queda recurrir a Frente de Izquierda que tiene dos bancas y que no alcanzan para llegar al quórum.
Entre los argumentos que esgrime el oficialismo para avanzar con el juicio político destacan que el jefe de los fiscales de la provincia “pertenece” a la coalición opositora Juntos y que mantiene una “subordinación funcional” a los líderes de ese espacio político. Según el texto, eso queda claro en la foto del pasado 9 de diciembre en la que se lo puede ver almorzando con el ex presidente, Mauricio Macri, en un restaurante de San Isidro.
Además, agregan que existió una “manifiesta persecución judicial” montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y que esa estructura fue sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y con producción de inteligencia ilegal.
Por último, se agrega la efectiva instrumentalización del Ministerio Público para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas, que dejó en evidencia el video que tomó difundió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
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