Leopoldo Daniel Carrena fue detenido en Mar del Plata “acusado de intervenir en varias maniobras de lavado de activos, algunas con ramificaciones en Estados Unidos de América”.
Un operador financiero fue detenido en la ciudad de Mar del Plata en el marco de un desprendimiento de la causa “Carbón blanco” iniciada en 2012 y donde una organización narco envió a Europa más de una tonelada de cocaína camuflada en carbón vegetal, y blanqueó el dinero ilícito mediante una red de empresas y testaferros, informaron hoy fuentes judiciales y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
El director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, encabezó una conferencia de prensa en el auditorio Aconcagua de Aerolíneas Argentinas, ubicado en el tercer piso del aeroparque metropolitano Jorge Newbery, para dar detalles de los procedimientos que terminó con la detención de Leopoldo Daniel Carrena.
“El elemento central que distingue la causa Carbón Blanco respecto de otras investigaciones criminales fue que logró trascender la dimensión operativa en torno al tráfico de drogas y afectar los mecanismos de aseguramiento del dinero obtenido de la actividad delictiva poniendo de relieve, de manera particular, una trama de sociedades con distintas finalidades (financieras, constructoras) a la cuales se les inyectaba dinero ilícito”, explicó el funcionario.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), a través de su página institucional Fiscales.gob.ar, el detenido Carrena está “acusado de intervenir en varias maniobras de lavado de activos, algunas con ramificaciones en Estados Unidos de América”.
La captura se dio en el marco de una serie de allanamientos realizados el lunes pasado por la PSA en Mar del Plata tras un pedido de los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, de la justicia federal de la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña, junto con los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Mario Villar y Laura Roteta.
Al respecto, Glinski destacó que “el cambio de perspectiva de análisis fue vital en este sentido pues permitió orientar los esfuerzos operativos desde el primer momento de la investigación hacia aquellas evidencias de instrumentos y mecanismos a través de los cuales se usufructuaba el dinero obtenido de las actividades ilícitas”.
En tanto, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dijo que “tanto en materia preventiva como en la profundización de los requerimientos del Poder Judicial, este caso pone de manifiesto que, cuando se trabaja de manera articulada y se indaga más allá de la superficie de las causas, se obtienen resultados fundamentales para neutralizar el delito complejo”.
“Lo hecho por la PSA en este caso me parece ejemplar: esa capacidad de análisis, investigación y respuesta es lo que requiere una política de seguridad federal contra el delito complejo”, destacó Frederic, quien iba a estar presente en la conferencia pero luego debió asistir al velatorio del comisario mayor de la Policía Federal Argentina (PFA) Pablo Daniel Moreno.
En los operativos se logró secuestrar cinco camionetas (cuatro, tipo pick up), dos camiones con acoplado, tres cuatriciclos, una lancha; una moto de agua, un arenero 4×4, cinco teléfonos celulares, computadoras y tarjetas de memoria, entre otros dispositivos electrónicos, y valiosa documentación para la causa.
Según fuentes de la investigación, Carrena posee diversos cargos directivos en un conjunto de empresas y era presuntamente el hombre que administraba las sociedades e inmuebles en Estados Unidos del abogado Carlos Alberto Salvatore, el líder de la organización fallecido en 2018.
“Carbón blanco” fue una operación en la que se desbarató a una banda narco que entre noviembre de 2011 y marzo de 2012 contrabandeó en tres envíos un total de 1.057 kilos de cocaína de una pureza del 80% a Portugal en contenedores de carbón vegetal empacado en la ciudad chaqueña de Quitilipi.
La organización criminal fue liderada por el fallecido abogado y empresario Carlos Salvatore y por el caso hubo dos juicios, uno en 2015 con cinco condenados a penas de entre 12 y 21 años por el contrabando de estupefacientes, y otro en 2019 por el lavado del dinero, en el que se declaró culpables a tres personas y se ordenó el decomiso de 70 inmuebles, 26 automotores y dinero.
