La mandataria bonaerense junto a sus padres José Luis y Norma.
“Mi principal objetivo es la lucha contra las mafias y sobre todo contra el narcotráfico. Esto me llevó a vivir en una base militar. Estábamos amenazados de muerte. Era la única manera de salir tranquila de casa y dejando a mis hijos”.
En charla con Infobae la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, días después de registrarse el diálogo, y confirmando el escenario mafioso que describía, el ministro de Seguridad Bonaerense, Cristian Ritondo, tomó la drástica decisión de desplazar, por sospechas de integrar una de esas bandas criminales, a un subcomisario que formaba parte de la custodia personal de Norma y José Luis, los padres de la mandataria.
La medida, que hasta ahora no había trascendido, es consecuencia directa del allanamiento que el domingo 23 de julio realizó Gendarmería Nacional en la Delegación de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Avellaneda-Lanús.
En el entretecho de la repartición, los policías que debían combatir a las bandas narcos de la zona tenían ocultos 350 envoltorios de cocaína, 50 de paco, varias dosis de marihuana y un pastillero que aparentemente utilizaban para “cortar” el clorhidrato de cocaína.
Según la causa judicial que instruye el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y el sumario que se instruye en la Dirección General de Asuntos Internos, a cargo de Guillermo Berra, se sospecha que los 50 efectivos imputados, o un buen número de ellos, formaban parte de una red mafiosa vinculada a los narcocriminales que debían perseguir; y que el combo de narcóticos descubiertos en la Delegación procedían de decomisos realizados por los uniformados que eran usados para la venta al menudeo, y hasta para “plantar” pruebas falsas y extorsionar a sus víctimas.
El subjefe de la Delegación antidrogas –intervenida por el jefe de La Bonaerense, Fabián Perroni– era el subcomisario Damián Mario Rosello, justamente uno de hombres que debían velar por la seguridad de los padres de la gobernadora.
“¿Usted tiene en claro que en esas mafias que está combatiendo y que la tienen amenazada también está enquistada parte de su policía?”, le preguntó Infobae a Vidal. “Sí, y por eso nuestro ministro de Seguridad ya desplazó a más de tres mil policías, y hay más de trescientos que están presos por orden judicial. Es la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) la que trabaja activamente para depurar la fuerza”, respondió.
La “maldita policía”
Las maniobras delictivas, que se llevarían adelante desde la misma repartición policial, fueron denunciadas en mayo pasado por el sargento Adrián Javier Jiménez.
Primero lo hizo de manera anónima. Después bajo juramento. Pero antes de esto último, grabó un video mostrando la droga oculta en el techo –Infobae difundió de manera exclusiva– y eso catalizó la redada ordenada por el juez federal, y supervisada por el propio Berra.
“Estoy en la Delegación de Drogas Ilícitas de Lanús-Avellaneda y del techo, de ahí arriba, saqué recién bolsas con estupefacientes que utiliza la Delegación que ellos tienen para meterle a la gente que no tiene, obviamente”, aseguraba en la filmación el sargento Jiménez, vestido con una campera de la selección nacional.
Mientras hablaba, mostraba a la lente las bolsas con cocaína y los envoltorios de pasta base y marihuana. Era la misma colección ilegal que descubriría la Justicia.
Ante los abogados de Asuntos Internos, el sargento Jiménez relató un rosario de ilegalidades y atropellos que habrían cometido sus compañeros, los supuestos guardianes de la ley. En esa ancha autopista de la delincuencia policial figura que:
–Los estupefacientes “escondidos en los cielorrasos de los techos” tenían su origen en procedimientos y decomisos ordenados por la justicia contra “punteros del narcotráfico que comercializaban en la modalidad del narcomenudeo”.
–El sargento también juró que parte de la marihuana “provenía de cultivos propios de la organización”. Es decir, de integrantes de la fuerza de seguridad.
Sobre este punto, el auditor general Berra aclaró que aún no se pudo establecer si es verdad que los policías nombrados y señalados con número de legajo cultivaban plantas de cannabis en sus domicilios porque hasta ahora la Justicia no ordenó allanar las moradas de los sospechosos.
Y está claro que si esto sucede, en las casas, ya no habrá ni una maceta con un rosal.
–Jiménez también sostuvo que la cocaína y el paco encontrados en el cielorraso de la Delegación Avellaneda-Lanús provenía de allanamientos ordenados por la Justicia, y que era robada por los efectivos “en momentos de distracción del testigo hábil y a veces también del funcionario judicial presente”.
–“La cantidad real (de droga) decomisada era falseada en el acta de allanamiento”.
–Para que los narcos no “delaten la cantidad verdadera” de estupefacientes que había en los bunkers requisados la policía “negociaba con los detenidos las condiciones de alojamiento, carátula de la causa o incluso se llegaba al extremo de limpiar el procedimiento para que los aprehendidos recuperen su libertad”.
–“Otra manera de conseguir la droga por parte de los efectivos era mediante el vínculo directo que los mismos mantenían con los objetivos de drogas y los narcos de la zona”.
En la denuncia número 83069, fechada a las 10:55 del 26 de mayo pasado, además se asegura que “el jefe de uno de los Grupos Operativos Lanús (se reserva el nombre) tendría un arma de fuego con la numeración suprimida sustraída durante un allanamiento”.
También que en una oportunidad, el subjefe Rosello, “por temor a un allanamiento de Gendarmería o de la autoridad judicial ordenó limpiar de drogas la dependencia, entre ellos los techos”.
Jiménez señaló asimismo al custodio de los padres de la gobernadora Vidal como el oficial que llamó a un subordinado y le ofreció “plata para que se fugue” porque creía que iba a ser detenido.
Eso no fue todo. Dijo que la recaudación ilegal mensual, o “la juntada” en la jerga delictiva-policial, ascendía a los 300.000 pesos mensuales y que “en términos monetarios, la recaudación la llevaba a cabo Skalla (…) y cuyo dinero sería entregado en las instalaciones mismas del ministerio de Seguridad”.
El comisario Ariel Adrián Skalla era justamente el superior de Rosello y jefe de la Delegación narcopolicial del escándalo.
Tanto Skalla como Rosello fueron separados de sus funciones y están bajo investigación, al igual que el resto de los 48 efectivos bajo proceso.
Los otros separados de sus cargos de manera preventiva son el propio denunciante, “por manipular en el video las drogas” –ante Asuntos Internos aseguró que no formaba parte de la “banda” narcopolicial-; y el Jefe de Grupo Operativo el oficial principal Julio Cesar Cesarini, “a quien se le secuestró del cajón de su escritorio 4 envoltorios pequeños de marihuana, 16 envoltorios pequeños de cocaína, un tubito plástico con cocaína, 3 envoltorios de papel glasé con cocaína y un cigarrillo de marihuana semicombustionado”.
En su defensa, Cesarini dijo que la droga era “para consumo personal”.
El sargento Jiménez también profundizó sobre la “pata judicial” en este entramado corrupto. “Hay auxiliares letrados involucrados pertenecientes a las fiscalías número 1 y 3 de Avellaneda y la número 21 de Lomas de Zamora”, acusó aunque en este punto no brindó los nombres de los funcionarios judiciales que actuarían en complicidad con los narcos y los delincuentes de chapa y pistola.
El avance de esta causa judicial trajo aparejado varios inconvenientes para el ex custodio de la familia Vidal. Al parecer, la revisión de la declaración patrimonial de Rosello -cuyo legajo es el 022545- es inconsistente.
Según el auditor General Berra, “en la declaración jurada que presentó el año pasado se detectó una irregularidad manifiesta con un patrimonio abultado que no podría justificar”.
El subcomisario sería dueño de varias propiedades, alguna de las cuales fueron puestas a nombres de familiares cercanos y propietario de al menos cinco vehículos.
En marzo del año pasado, la gobernadora Vidal y el ministro Ritondo firmaron el decreto 116 que obliga a los integrantes de la fuerza “con rango igual o superior al de subcomisario” a declarar sus bienes. Fue una medida que, en el marco de causas e investigaciones como esta, se transformó en un boomerang. El Código Penal impone que en los presuntos hechos de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba y es el funcionario quien debe demostrar que cada bien fue adquirido con dinero lícito. Es decir, demostrar el origen de cada peso.
Algo que más de un policía no puede hacer.
La custodia de los abuelos de los hijos de la primera mujer que conduce los destinos del principal distrito electoral del país no dependen de la División Custodia de Gobernación, sino de un grupo especial que se formó ad hoc, con policías de, entre otras dependencias, las destinadas a combatir el narcotráfico y el crimen organizado, como el cuestionado subcomisario Damián Mario Rosello que, al parecer, transitaba por el mundo de sombras sobre el cual Vidal intenta poner luz.
Infobae
