Con motivo del traslado del ex director de liquidación y control de haberes German Stirnemann, dispuesto la semana pasada por el jefe comunal Carlos Fernando Arroyo, un grupo de funcionarios de Ley, a través de una misiva, expresaron que la medida “constituye una sanción encubierta y una forma de castigo”.
Asimismo expresan en la carta de tono corporativo dirigida al intendente, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas bonaerense, “una profunda preocupación, y que debe llamar a la reflexión institucional, acontecimientos que venimos advirtiendo, profundizado ello por hechos recientes que afectan seriamente las condiciones en las que debemos cumplir las obligaciones que nos impone la normativa vigente”
“Entre tales acontecimientos que han mostrados una escalada de sucesos – prosiguen -, consideramos de extrema gravedad las declaraciones agraviantes en los medios de comunicación, las denuncias ante los organismos de control y los constantes hostigamientos que miembros del gabinete del Departamento Ejecutivo han hecho en contra de funcionarios de ley, buscando instalar en la opinión pública una presunta participación de mafias corporativas en perjuicio de los habitantes de nuestro municipio o acusándonos de ejercer nuestro rol técnico/legal con alguna intencionalidad política”.
Asimismo sostienen: “No existían motivos reales que justificaran tal remoción. En los años que ha ejercido el cargo, el contador Stirnemann desempeñó su labor con suma idoneidad, honestidad y responsabilidad y se constituyó en un referente indiscutible para todos nosotros en lo relativo a la liquidación de haberes”.
“Las acciones que brevemente hemos reseñado en la no parecen atender otro propósito que intentar menoscabar el marco de independencia, imparcialidad y asepsia técnico/profesional en el que debemos desempeñar las funciones que la ley nos asigna, poniendo en tela de juicio nuestra honestidad intelectual y ética personal, lo que nos constituye a nuestro entender una ofensa que no podemos permitir ni aceptar en honor a la institucionalidad”.
Refirieron además que la ley orgánica de municipales otorga a los funcionarios de ley “el más amplio amparo y resguardo para que puedan ejercer con absoluta independencia sus obligaciones y deberes de control interno, como así también su rol coadyuvante de control constitucional”. Y en tal sentido, concluyeron sosteniendo: “Creemos firmemente que los hechos como los aquí narrados y los de público y notorio, no contribuyen de ninguna manera a dicho propósito”.
