El juez de Garantías Saúl Errandonea desestimó el pedido de nulidad realizado por el ex jefe comunal Gustavo Pulti contra la investigación penal preparatoria llevada a cabo por los fiscales de Delitos Económicos Javier Pizzo y David Bruna, iniciada después la denuncia penal efectuada por el concejal José Cano, a poco de asumir la nueva gestión municipal.
Pulti rompió el silencio; aseguró que pedirá el sobreseimiento
Asimismo, el magistrado deberá evaluar si los elementos de prueba aportados por la UFI 10 son suficientes para llevar a juicio oral tanto al ex intendente como a sus ex secretarios de Economía y Hacienda, Daniel Pérez, y de Desarrollo Productivo, Mariano Pérez Rojas.
Entre los hechos probados por la Fiscalía, se atribuyen al ex mandatario municipal y al contador Daniel Pérez, el desvío de $35.208.344 de fondos afectados a la cuenta de recursos ordinarios, “procurando hacer frente indebidamente a compromisos públicos asumidos durante su gestión”.
Pulti entre las cuerdas: solicitan elevar causa a juicio oral
Cabe traer a colación que según lo acreditado en la resolución de la Fiscalía, Pulti y Mariano Pérez Rojas “en el marco del expediente administrativo Nro. 21/7 impulsado por la Secretaría de Desarrollo Productivo dictaron el decreto 369/15, mediante el cual se le otorgó a la Asociación Civil la suma de $ 5.500.000 en carácter de subsidio, el cual fue abonado en tres cuotas, pese a las observaciones formuladas por el contador general de la Municipalidad en cuanto a que las órdenes de pago vinculadas al subsidio se encontraban en contradicción con los arts. 151 de la LOM, 134 del RC, y 40/41 del Dec. 2980/00”.
Como corolario, los fiscales Berlingeri, Bruna y Pizzo, resaltaron que “los fondos recaudados por la comercialización (en los tres eventos) no ingresaron en el patrimonio municipal sino que fueron percibidos directamente por la Asociación. Y las contrataciones necesarias para infraestructura y desarrollo de la Exposición fueron realizadas sin ningún tipo de control municipal, pese a que todos los funcionarios comunales mencionados sabían que el erario público financiaría finalmente los costos de manera directa mediante un subsidio destinado a instrumentar legalmente tal decisión, porque ello formaba parte del acuerdo primigenio con la Agencia”.
En cuanto a la situación procesal del ex titular de Economía y Hacienda Santiago Fernández, quedó pendiente de la resolución del recurso de prescripción presentado oportunamente por su defensa.
Roberto Latino Rodríguez
