El gobernador rompió con el estilo del ex presidente al declarar la emergencia en seguridad. El recuerdo del fallido Plan de Seguridad Ciudadana de Cristina. Granados debió reconocer que los policías retirados a convocar serán muchos menos que los esperados.
Se sabe. En la teoría política de Néstor Kirchner no figuraba la escenificación de un plan con objetivos, metas, plazos. Detestaba que supieran lo que iba a hacer. Peor, que propios y ajenos tuvieran herramientas para monitorearlo, para recordar lo que no se había hecho a pesar de lo prometido. La ausencia de estadísticas fiables fue una política de Estado como le gustaba a él, rudimentario, casi picapedresco. Era su modelo de gobierno ideal, donde poco importaba si algo funcionaba o no. Lo único verdaderamente sustancial era saber quién tenía la manija en los temas. Y trabajar para sacársela.
Por eso Daniel Scioli lo enterró otro poco cuando frente a la atención de los medios nacionales, en directo por los principales canales de noticias y acompañado por todo su gabinete, pomposamente teatralizó el lanzamiento de un Plan de Emergencia en Seguridad. Jamás Kirchner hubiera permitido semejante puesta en escena, en las antípodas de su visión de la política. Otra muestra del fin de ciclo.
Aunque hubo un tiempo, después de la crisis del campo, y cuando Sergio Massa era Jefe de Gabinete de Ministros, que Cristina Fernández de Kirchner cayó en la tentación del buen gobernante, uno normal, y lanzó un Plan de Seguridad Ciudadana, de tipo integral, que iba a invertir 400 millones de pesos en equipamientos para las policías de todo el país, además de firmar convenios con los municipios para la participación comunitaria a través de centros creados con ese fin. El plan tendría aplicación en 38 municipios del Conurbano, más Mar del Plata, Bahía Blanca y Mendoza.
El entonces ministro de Seguridad y Justicia, Aníbal Fernández, dijo que 137 millones iban a destinarse a la incorporación de tres efectivos más por cuadrícula, lo que elevaría en un 50 por ciento la presencia policial en cada barrio. Y aseguró la incorporación de 4000 policías retirados que serían los encargados de conducir los móviles policiales, para permitir que los efectivos se incorporen a la vigilancia de las calles. También anunció la presencia de treinta efectivos de apoyo en cada Centro de Operaciones Municipales (CMO), que serían incorporados a las tareas de seguridad, donde cumplirían funciones “claves, para saber qué sucede en cada distrito”.
Todo parecido con el anuncio de Scioli del sábado pasado, es mera coincidencia.
Ese viernes 27 de marzo de 2009 fue la única vez que la Presidenta habló en público de seguridad. Ante la prensa, se comprometió a entregar “recursos para todo el país” y aportar “la más efectiva acción nacional posible”. Estaba en Olivos. Y cuando terminó los anuncios, exultante por la buena recepción entre los presentes, volvió a la zona residencial donde se encontró con su marido, el ex presidente, quien con frialdad y desprecio, blandiendo agresivamente un dedo índice, le dijo algo así como:
– Vos y todos esos son unos hijos de puta. Los ratis los van a matar a todos. Y si no los matan ellos, los voy a matar yo.
El Plan de Seguridad Ciudadana duró el tiempo del anuncio. Jamás se puso en marcha. Y nunca nadie más se acordó de él. Parece que Néstor sentía que Sergio Massa competía con él. No quería que nadie asesorara a Cristina. Y mucho menos que lo hiciera con un manual distinto al que él utilizaba.
Para el ex presidente, el tiempo de la institucionalización que soñaban algunos en el gobierno de Cristina era una exhibición de debilidad. Había que doblar la apuesta en todos los casos, echarle la culpa de los problemas siempre a otro. El largo plazo estaba lejos. Y debía encontrarlo con más dinero y poder.
Con la inseguridad era exactamente lo mismo, miraba el problema como un espectador, un asunto ajeno, que simplemente afectaba la vida de los ciudadanos. Lo único inteligente era no involucrarse.
Entre los cientos de miles y dramáticos casos de inseguridad que calan la memoria colectiva de los argentinos durante esta década que ganamos, como nunca, un miedo desconocido a caminar en cualquier horario por cualquier lado, a salir de un banco, a entrar a casa, a andar en auto por determinadas esquinas o zonas que antes caminábamos, a cruzar por una autopista en micro, a estar sentado a la mesa de un bar, a caminar de la escuela a casa e, incluso, a dormir en nuestra propio hogar con o sin seguridad privada, hay dos grandes hitos.
Uno fue a poco menos de un año de que Kirchner asumiera la presidencia, lo que demuestra que el problema ya era grave previo a su gestión. El 23 de marzo de 2004 secuestraron a Axel Blumberg. La noticia de su asesinato produjo un shock en la sociedad que, convocada por su padre, asistió masivamente una semana después a una movilización como hacía décadas no se veía en la Argentina. Kirchner, obviamente, viajó a El Calafate, para tomar distancia de la protesta. Y todo su esfuerzo estuvo dedicado a desactivar el liderazgo de Juan Carlos Blumberg. Ahí fue cuando empezamos a probar la medicina kirchnerista para la resolución de problemas argentinos.
Otro es más reciente. Se trata de la desaparición de Candela Sol Rodríguez, de 11 años, secuestrada el 22 de agosto de 2011 cerca de su casa, y hallada muerta una semana después en una bolsa tirada en una esquina con basura, a 30 cuadras de donde vivía.
Néstor Kirchner ya había muerto, pero su viuda hizo exactamente lo mismo que él hubiera hecho: nada. Y a casi tres años, nadie está preso, un testigo protegido fue asesinado y ningún organismo del Ejecutivo provincial investigó las sospechas de connivencia entre oficiales de la Policía Bonaerense y los supuestos implicados en el crimen.
En este contexto de ausencia persistente de Estado en el problema que más negativamente evalúa la población argentina desde hace por lo menos diez años, sin discriminación de edad, sexo y clase, con el agravante de que los están más abajo son los más preocupados, el gobernador Scioli lanzó el Plan Provincial de Emergencia en Seguridad Pública.
El día del lanzamiento, Pablo Morosi, corresponsal de La Nación en La Plata, le hizo al Gobernador la pregunta fatal:
– Hubo emergencia en seguridad desde 2004 hasta el 2010. ¿Por qué tenemos que creer que lo que no funcionó hasta aquí, ahora va a funcionar?
Astuto, Scioli supo responder sin decir nada que pudiera traducirse en una frase comprensible. Como tampoco es posible entender lo que dice el vicegobernador Gabriel Mariotto, que hace aportes a la propuesta del gobernador insustanciales, que en nada pueden explicar el actual estado de cosas y las razones por las que es posible creer que finalmente existirá un Estado que se ocupe de lo absolutamente indispensable y mínimo, como es de la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas argentinos.
Ninguno puede explicar a un Estado capaz de promover semejante fracaso en las políticas de inclusión, educación, salud y seguridad, después de diez años de invertir los presupuestos más altos como jamás hubo en la historia. Repiten frases huecas, increíbles para cualquiera que viva en la Argentina.
El jueves último, mientras el paro general masivo dominaba la agenda mediática, en el despacho del ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, se reunía por primera vez en meses el Consejo de Seguridad Provincial. Allí, el ex intendente de Ezeiza bajó las expectativas del propio anuncio. Ya no serían ni 15000, ni 10000, ni siquiera 5000 los efectivos retirados que se esperaba reincorporar ahora, sino 2500, y le pidió ayuda a la oposición para dar salida a la crisis que angustia a los bonaerenses.
Más allá de las declaraciones obligadas de “respaldo crítico” de la oposición, ninguna de las fuentes consultadas cree que la vocación de Scioli exceda el anuncio. “No tiene diagnóstico de lo que pasa”, dice el diputado de un partido. “Sigue atado a (el ex titular de la policía bonaerense) Paggi”, razona el senador de otro. “Sólo van a hacer lo que está en contra de lo que pensaba Arslanián, por gusto de contradecirlo”, comenta un ex funcionario.
Mientras tanto, el titular de la Dirección de Política Criminal de la Nación, Mariano Ciafardini – que en el 2006 declaró a Página/12 que “cuando la política se decide a actuar logra el objetivo, por eso se terminaron los secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires” – acepta mansamente que las estadísticas criminales no tomen estado público desde el 2008. Es su responsabilidad básica. E igual sigue en su cargo.
Un linchamiento más o menos es un debate insustancial. Está claro que a la política no le parece grave que no esté disponible el instrumento básico para pensar estrategias serias para salir del actual estado de cosas, como es la información. Y a Ciafardini tampoco.
Infobae
