Denuncian ante el Vaticano a tres obispos argentinos por encubrir abusos sexuales

El caso se conoció en enero de 2019, cuando Bustos denunció en la justicia penal a Diego Roque y Oscar Portillo, dos de las autoridades del monasterio, ubicado en el valle de Uco y cerrado por decisión del arzobispado tras el escándalo.

Ahora, el joven, quien aseguró haber sido víctima de los abusos durante cinco años, pidió al Vaticano que “se investiguen por las acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir la investigación canónica, administrativa y/o penal” por parte de Portillo, ya que Roque sí está bajo investigación canónica en el tribunal interdiocesano de Buenos Aires.

La misma presentación fue realizada ante la Nunciatura apostólica de Buenos Aires, sede del Vaticano en el país.

El Papa Francisco presentó la primera y más profunda reforma del Código de Derecho Canónico en 40 años, que agrava las sanciones contra los sacerdotes abusadores y define a la pederastia como “un delito contra la dignidad humana”

Es que el pasado 1 de junio, el Papa Francisco presentó una reforma del Código de Derecho Canónico, la primera y más profunda en cuarenta años, que agrava las sanciones contra los sacerdotes abusadores y define a la pederastia como “un delito contra la dignidad humana”.

Pero además, equipara algunos casos de abusos a mayores de edad con la misma gravedad que los cometidos contra menores, en una medida que apunta a evitar los ataques dentro de los seminarios.

Por último, la reforma impone “criterios objetivos en la identificación de la pena más adecuada a aplicar en el caso concreto”, es decir, busca limitar la discrecionalidad de los obispos a la hora de investigar y sancionar los abusos.

“Entendemos que hubo negligencia por parte de los obispos en interferir o en obstaculizar este tipo de investigaciones. Bergoglio se jacta de de ser transparente a la hora de investigar los abusos, bueno, lo ponemos a prueba, más allá de que nosotros mantenemos nuestro escepticismo”, le dijo a Télam Carlos Lombardi, abogado de la víctima y especialista en Derecho Canónico.

Entre las pruebas aportadas figuran las actas de las entrevistas que el anterior arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, tuvo tanto con la víctima como con Portillo.

Allí, según consta en esa documentación, Portillo reconoce “haber tenido conductas inapropiadas en lo afectivo sexual que ha querido ‘blanquear’ con la comunidad y Nicolás siempre se opuso. Le recuerdo que al ser él el superior, tiene la mayor responsabilidad y queda marcada la relación para siempre”.

En otro tramo agregó que le agradece “la apertura y confianza” a Portillo por su confesión y lo invitó “a tomarse todo el tiempo que haga falta para dilucidar esta situación”.

Además, aunque Bustos denunció una violación, en el acta de la reunión con Franzini sólo se habla de “tocamientos y besos”.

Si bien lo que se estaba denunciando era un abuso sexual, Franzini, fallecido en 2017, resolvió “amonestar paternalmente al presbítero Oscar Portillo exhortándolo a cuidar con prudencia sobrenatural y una conducta consecuente su vocación sacerdotal y monástica”, según consta en la presentación ante el Vaticano.

Por esta razón, en el escrito entregado ante la Santa Sede, el abogado de la víctima sostuvo que “estas graves irregularidades forman parte del abuso de poder y manipulación de la extinta autoridad eclesiástica contra el Sr. Bustos Norton y prueba cómo el Arzobispado de Mendoza no es la primera vez que manipula y revictimiza a las víctimas de abuso sexual”.

En otro tramo, Lombardi agregó que con la amonestación que recibió Portillo por parte de la Iglesia, queda claro que “se banalizaron hechos gravísimos como los abusos sexuales denunciados y que el obispo Franzini supo en todo momento que los hechos denunciados constituían delitos”.

Los abusos habrían sido cometidos entre 2009 y 2015. Fue el 17 de junio de ese último año que Bustos recurrió a Franzini para denunciar lo que ocurría en el seminario. En marzo de este año, casi seis años después de aquel encuentro, el arzobispado de Mendoza resolvió sancionar a Portillo y le prohibió por cinco años “el ejercicio presencial o virtual del ministerio presbiteral, lo cual incluye expresamente presidir celebraciones eucarísticas u otras sacramentales, con participación de fieles, el ejercicio del ministerio de la palabra en cualquiera de sus formas”.

Sin embargo, aclaró que “no es una causa por abuso sexual ni tiene relación con los juicios que llevan adelante desde diciembre de 2018, la Justicia mendocina y el Tribunal eclesiástico de Buenos Aires, respectivamente”.