Es casi un sello casi consuetudinario llevar a la justicia los temas que no se resuelven desde la política, y en la mayoría de los casos ocurre cuando las autoridades adolecen de una esgrima política municipal que acompañe a los vecinos.
El costo de honorarios y otras costas judiciales no resultan gratuitas sino que más bien están regulados profesionalmente y las administraciones sanas son ajenas a este tipo de prácticas. Es que impactan sobre las disponibilidades presupuestarias, que no son precisamente superavitarias, y sobre todo cuando reina el “no hay plata” en el cual transita gran parte de la política de nuestros días.
Las coparticipaciones de Nación y Provincia caerán rotundamente el próximo año. Milei aplica la motosierra a destajo en las provincias, haberes salariales y los castigados jubilados, una vez más los grandes perjudicados por la política y sus gastos discrecionales.
Las expediciones judiciales de Montenegro, es tomar riesgos a cuenta de los recursos públicos y su experiencia como juez federal lo debe remontar al litigio permanente. Un fixture con el debe y el haber en cada uno de los casos en los cuales el disenso prevalece con los diversos actores que participan en la relación con la MGP: ¿Cuál es el costo? ¿Hay asesorías externas contratadas? ¿Funcionarios políticos aplicados?
Llama sobremanera la atención que el Colegio de Martilleros deba apelar a una instancia judicial debido al destrato que ha recibido en referencia a su desconocida actuación en la subasta de los terrenos de la Villa de Paso, aún cuando existe una ordenanza al respecto, la cual ha sido ignorada.
Desde al Departamento Ejecutivo no han respondido ni a los respectivos pedidos de audiencia, algo realmente inusual.
La cesión de derechos al Banco Ciudad de CABA, puede obedecer en las diferencias existentes con el Banco de la Provincia bajo la órbita de Kicillof. No es acreedor de la MGP ni se han tomado préstamos que se conozcan.
Los desencuentros laborales con el Sindicato de Trabajadores Municipales también se ventilaron en los expedientes de tribunales.
Las excepciones y compensaciones, también judicializadas, son rubros que generalmente se acuerdan y las demandas satisfechas bajo el halo de clima y la mesa de negocios, al cual la política es afín a la hora de los resultados. Tampoco es la mejor señal que la justicia deba dirimir hasta cuando los focus group son adversos al oficialismo, como en el caso de la explotación marítima petrolera a la altura de nuestras costas. Se repelen este tipo de actitudes en los estrados judiciales.