Ni en la Nación de Milei ni en la Corrientes de los hermanos Valdés existe un sólo registro confiable y unificado que asiente las causas de la desaparición de 1.777 niños y adolescentes que son buscados por las autoridades judiciales y policiales y por sus familias.
En ese contexto nadie puede aseverar que las desapariciones se deban al fenómeno de trata de personas con fines de explotación porque también se podrían haber producido accidentes, secuestros por parientes u otras hipótesis que, en la actualidad, se multiplican a diario en la complicada causa por la aparición con vida de Loan Danilo Peña.
Mientras que la ciudadanía correntina se indigna con el pobre accionar del gobernador Gustavo Valdés y sus funcionarios a cargo de la seguridad y de la justicia que llegaron a nombrar a un comisario, Walter Maciel, imputado por encubrimiento del presunto rapto de Loan, con antecedentes por denuncias de abuso sexual, el jefe de los fiscales correntinos, César Sotelo, aseguró que Corrientes, “no es una zona de captación de menores”.
Sin embargo, informes recientes de investigadores explicaron, con reserva de nombre, que el litoral nacional y la provincia de Corrientes, en particular, se convirtió durante los últimos años en un paraíso del turismo sexual bajo la excusa del interés por la pesca o el automovilismo.
El gobernador radical Gustavo Adolfo Valdés y su hermano, Juan Pablo Valdés, intendente de la localidad de Ituzaingó que se prepara para sucederlo en el sillón de Ferré, por el popular gobernador correntino del siglo XIX, Manuel Antonio Ferré, saben perfectamente por informes reservados y por advertencias de organismos internacionales, acerca de esta problemática.
Sin embargo, a pesar de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, los delitos de todo tipo van en aumento mientras que las partidas presupuestarias para eficientizar la gestión judicial siempre son escasas y terminan beneficiando a los delincuentes que entran y salen de las cárceles en un efecto conocido como de “puerta giratoria”.
Corrientes es una de las provincias más inseguras, pero a ello hay que agregar los rumores por el auge del turismo sexual que suelen estar ligados a los tours de turismo de pesca deportiva que se realizan en varias localidades correntinas y, hasta en cuestiones religiosas, como algunas procesiones que se organizan para venerar al Gauchito Gil y esconden una trama de prostitución.
“Los pescadores y los cazadores que llegan desde el exterior o de países limítrofes y llegan a Corrientes suelen ser sinónimo de explotación sexual y, en ocasiones, se habla de abuso de menores”, explicó a NA un investigador policial.
Las escasas encuestas a nivel nacional, en Corrientes no se conocen hasta ahora un registro propio, indican que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Corrientes lideran el podio de trata registrada en 2022, con un 63 % del total del país.
Una situación que había sido un foco de atención en los Estados Unidos que a través de un documento del año 2022 señaló que “…adultos y niños argentinos son explotados sexual y hasta laboralmente en otros países”.
La explotación laboral parece ser de uso cotidiano en los campos argentinos. Una de las declaraciones más llamativas las realizó uno de los propios hermanos de Loan, José, que expresó todo su pesar por la desaparición de su hermano pero que afirmó en un momento, “…que devuelvan a mi hermanito, lo necesito mucho, en su rutina diaria que hacía todos los días, jugaba a la pelota, andaba en bici, regaba la huerta”, y aclaró, inmediatamente, después, “….esa cosa de la huerta la hacía por su voluntad, lo necesitamos un montón”.
Nunca nombró entre las rutinas de Loan la preparación para su educación o la formación que debe recibir un chico de su edad.
Sea como fuere, el documento de Washington señalaba que en 2010, la ONU había instado a Argentina a mejorar sus procesos de lucha contra la trata de personas, expresando su preocupación por «la escasa coordinación de las actividades de lucha contra la trata de personas entre los niveles nacional y provincial», y por el hecho de que la trata de niños con fines de explotación laboral y sexual era especialmente preocupante.
Desde entonces, Argentina ha tomado medidas para hacer frente a estos riesgos. El Departamento de Estado de EE.UU. considera ahora a Argentina como un país de nivel 1, lo que significa que «cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata» y cumple con una amplia gama de requisitos.
Sin embargo, se anota que, «la complicidad oficial sigue siendo preocupante», y critica al país por no destinar un presupuesto específico a las medidas contra la trata.
El caso de Loan viene a poner el foco de atención una vez más sobre la Argentina y en Corrientes, todos sus ciudadanos de bien recuerdan que pasan las gestiones políticas y hay tres chicos, Carlos González; Natalia Soledad Falcón y Miguel Ángel Bejarano que nunca se encontraron.
Al momento de su desaparición los menores tenían entre 2 y 9 años, igual que Loan que tiene cinco, en hechos ocurridos entre 1993 y 1998; el padre de uno de ellos, Carlos González, ante la falta de respuesta de la justicia y la policía correntina, encaró una investigación personal.
No le dieron respuesta en su momento a un padre desesperado. La situación es similar a lo que vivieron los hermanos mayores de Loan que, al frente de una nutrida manifestación para rogar por asistencia para hallar al niño desaparecido en democracia, no fueron recibidos por ningún funcionario de Gustavo Valdés.
