El juez Ramón Isach y el Foro de Colegios y Consejos Profesionales, son irrefutables, categóricos frente a una acumulación de errores, irregularidades e incumplimientos legales, en los cuales incurrió la Junta Electoral. La propia Beatriz Arza las admitió frente al juez, y éste en obró en consecuencia, defendiendo hasta principios básicos de la participación ciudadana, para garantizar sus derechos.
La junta electoral que se formó respondió al Departamento Ejecutivo. Las marcha y contramarchas fueron para editar un manual de cómo no se debe hace una consulta popular. Hubo hasta medidas flagrantes, propias de la comisión de delitos. Aquí estuvo en juego mucho dinero del erario público, de cual nadie parece hacerse cargo ni tampoco se observa que existan presentaciones ante la justicia.
La ciudadanía ha sufrido un evidente maltrato, existió una defraudación, un perjuicio económico claro proveniente la mala praxis del gobierno del intendente Pulti. Los errores exceden las meras diferencias políticas. Existe un daño del cual se debe exigir su reparación, la restitución económica de parte de los responsables de este desquicio.
Cómo no se iba a judicializar el tema, era una cuestión hasta obvia, prestarse a una trampa, a un engaño a una estafa a la buena fe de los ciudadanos. Se anunció una apelación, pero en realidad y tras la lectura del fallo del juez Isach, será muy difícil que prospere ninguna demanda, con lo cual la consulta popular por la policía municipal ha quedado quizás herida de muerte.
