La fiscalía que investiga las 24 muertes y más de 80 intoxicaciones que produjo la semana pasada el consumo de cocaína adulterada en los partidos bonaerenses de Tres de Febrero, San Martín y Hurlingham planteó la incompetencia para girar el expediente a la justicia federal, con el argumento de que se afectó a la salud pública y que ese fuero tiene más recursos para desarticular toda la organización, informaron hoy fuentes judiciales.
El planteo de declinatoria de competencia fue presentado ayer por el fiscal Germán Martínez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín, ante el juez de Garantías 3 de ese Departamento Judicial, Mariano Grammatico Mazzari.
El juez ya le corrió vista a las defensas de los seis imputados detenidos en este expediente para que brinden su opinión, y luego definirá si coincide con el planteo y envía el expediente por las muertes e intoxicaciones a los juzgados federales de Morón o Tres de Febrero, que ya tenían otras causas que pueden estar ligadas a la misma organización criminal.
El fiscal explicó que “en esta investigación el núcleo central y nexo causal del resultado muerte, se encuentra en la propia fabricación, elaboración, preparación, estiramiento y/o adulteración de la sustancia ilícita” y que los actores involucrados en dicho proceso son “escalones superiores en la cadena del tráfico ilegal de estupefacientes”.
También definió a la droga que la banda comercializaba en el asentamiento Puerta 8 de Tres de Febrero como un “arma letal” y sostuvo que “la investigación de los homicidios cometidos no pueden escindirse de la competencia federal originaria sobre la Ley 23.737”.
Si bien Martínez indicó que las pericias químicas “se encuentran en pleno desarrollo” y “no se tienen certezas aún sobre la sustancia que contiene la droga ilícita”, en este caso “se encuentra comprometida en la presente la Salud Pública Provincial y/o Nacional, ya que si bien no se puede asegurar que el estupefaciente ilícito letal este distribuido en otras jurisdicciones, menos puede descartarse”.
El titular de la UFI 16 sostuvo, además, que eso “hace aún más determinante la urgente intervención de la Justicia Federal en la pesquisa, quien cuenta con todos los recursos necesarios, a fin de lograr desarticular toda la organización criminal y hacer cesar el daño”.
En esta causa hay seis personas que fueron detenidas en el búnker del asentamiento Puerta 8 donde se vendió la droga que causó 24 muertes y más de 80 intoxicados.
Se trata de Nicolás Matías Campos (18), Luis Alberto Rodríguez (26), Iván Daniel Ávalos (21), Mauricio Adrián Balcarce (29), Gabriel Héctor Faudez (47) y Priscila Micaela Faundez (19), quienes el lunes quedaron formalmente detenidos por “tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia ilegal con fines de comercialización agravada por la pluralidad de intervinientes en forma organizada, en concurso real con homicidio simple reiterado en al menos seis oportunidades y tentativa de homicidio simple reiterado en al menos 10 oportunidades”.
El mismo juez Grammatico Mazzari que ahora debe definir la competencia, es quien al resolver que estos seis acusados quedaran presos le sugirió a la fiscalía agravar la calificación a “homicidio calificado por el uso de veneno como método insidioso”. (DIB)
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