El reciente informe de la Unidad “Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado”, dependiente de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, aunque pueda provocar descontentos y polémicas, resulta un paso adelante en la dilucidación de este tema, centrado casi siempre, en la discusión sobre el número de personas desaparecidas.
La manera clandestina con que se encaró la represión, implicó la deliberada destrucción de documentos y de todo tipo de huellas, amparándose sus autores en el anonimato absoluto, lo que hoy dificulta cualquier búsqueda. Este tipo de investigaciones, debe entenderse como una tarea de Estado, no solo con el fin de la identificación de las víctimas, sino también con el objeto de lograr la verdad sobre cada hecho.
Asi lo ha explicado Corte Interamericana de Derechos Humanos, al sostener: “..En ciertas circunstancias, puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona…Sin embargo, esta tarea debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”. (Corte I.D.H. caso Velázquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4. Párr. 172, 174, 177. Caso Godínez Cruz. Sentencia del 20 de enero de 1989, serie C No 5, párr. 181-184, 188, etc).
Es atinada la afirmación contenida en este nuevo estudio, al consignar, que nada de todo esto es definitivo y que la lista, puede ser ampliada a raíz de nuevas investigaciones. El listado, corrige y amplia, el anteriormente difundido en el año 2006, por la misma Secretaría de Derechos Humanos, el cual contenía, algunos errores, los que ahora han sido subsanados.
Aquellos errores, no deben ser atribuidos a la mala fe o a intencionalidades políticas. Se trataba, antes y ahora, de confirmar denuncias formalizadas ante el Estado Argentino y debidamente probadas. Han existido casos, en los cuales, personas secuestradas y luego liberadas, especialmente las muy jóvenes, escaparon de sus lugares de residencia, sin aviso a familiar alguno, a raíz del obvio temor que tenían. Muchos se escondieron en el interior del país o en campos de la misma Provincia de Buenos Aires.
Cuando se abrió la CONADEP, los familiares, desconociendo el paradero de sus hijos o parientes, denunciaron la desaparición de esos jóvenes, sin que posteriormente, se haya rectificado o anulado la original denuncia. La tramitación de los juicios por delitos de lesa humanidad, permitió conocer que algunas de esas víctimas, estaban vivas. El nuevo listado corrige esos errores, lo que es plausible. Eso si, para quienes piensan siempre mal: ninguna de estas personas, erróneamente incluidas en la lista del año 2006 como víctimas de desaparición forzada, percibió reparación alguna por dicho motivo.
Pese a lo que muchos creen y a raíz de una deficiente política docente de parte del Estado Argentino, para explicar el hecho de la Desaparición Forzada de Personas, hacerlo es una tarea ardua. En mi tarea profesional, con más de 10 denuncias efectuadas el pasado año ante la justicia, con pruebas testimoniales, sobre la desaparición forzada de personas, solo una me ha sido aceptada por la justicia. En los demás casos, los jueces dudan y sin sentencia judicial, no hay desaparición forzada, por más que la persona no este viva.
En bastante ocasiones, cuando una persona no fue declarada ni judicial ni administrativamente victima de desaparición forzada, continúa apareciendo en el padrón electoral nacional de electores y hasta tiene asignado un número de CUIT. Ello es lógico: no hay certificado de defunción alguno. Estas situaciones, se dan generalmente, en los casos en que la víctima no integraba ninguna organización política, pero vaya a saber porque razón “desapareció”. No volvió nunca más, no esta en el mundo de los vivos.
El listado publicado tiene sus virtudes, como la de consignar en cada victima, si su caso fue judicializado (se observa un ínfimo porcentaje en este aspecto, detalle de suma importancia a tener en cuenta) , la causa donde se juzgaron los autores y el lugar concreto de su desaparición. Otro aporte importante, es la publicación del listado de “apodos”, ya que ello permitiría, continuar con la investigación e identificar personas a las que solo se conocían, por sobrenombres.
Pese a todo, existen detalles que deben remarcarse y que el informe deja de lado, detalles adunados con suficiente documentación histórica y que el Estado, tiene la obligación de investigar. Van algunos ejemplos.
El 20 de Agosto de 1976, son dinamitados 30 cuerpos en la localidad de Fátima. Todas estas personas, 10 mujeres y 20 varones, habían estado privadas de su libertad en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. Hasta el momento, solo han sido identificadas 15 personas.
EL 1° de diciembre del año 1977, en su página 4, el Diario “Clarín”, bajo el titulo de: “La Ardua Recuperación” , narra que tras una invitación del Comando en Jefe del Ejercito Argentino, un grupo de periodistas pudo ingresar a un “Centro de Recuperación”, para apreciar “como viven en la actualidad, ex integrantes de células subversivas que se presentaron espontáneamente antes las autoridades militares. Los hombres de prensa, observaron las instalaciones donde se encuentran alojados e incluso, pudieron dialogar con algunos jóvenes”.
Desde este humanitario tour, nunca se tuvo mas noticias. Ningún fiscal, requirió datos de cuantos jóvenes vieron, como eran esas instalaciones, etc,etc…¿Vivirán aún?. ¿Estarán estos documentos, en el archivo del Diario “Clarín”?.
El 8 de marzo de 1977, la Marina Argentina, ametralló una vivienda, ubicada en la esquina de las calles Mario Bravo y Esteban Echeverría de la ciudad de Mar del Plata, “abatiendo” a cinco personas. Solo dos fueron identificadas: Ana Rosa Frigerio y Fernando Francisco Yudi. ¿Quiénes serían las otras tres víctimas?. La historia de tan trágica década, esta plagada de estos casos, que el informe no contempla y debería hacerlo.
Pero es más. Hace unos años, a raíz de una supuesta relación amorosa entre la señora Graciela Alfano y el ex Almirante Massera, el público conoció las aventuras de un particular personaje: Enrique Lautaro Arancibia Clavel. El tema quedo anclado en este particular hecho de la vida privada de ambas personas.
En lo que hace referencia a este tema de la cifra final de desaparecidos, interesa saber quien era don Enrique Lautaro. Se sabe que era chileno, que huyendo de su país ingresó a la Argentina, después de ser acusado por un atentado “dinamitero” en épocas del gobierno de Salvador Allende. Refugiado en Buenos Aires, participó en el asesinato del General Carlos Prats y su esposa, ocurrido por el mes de septiembre del año 1974. A causa de este hecho, fue condenado a prisión perpetua y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 24 de agosto de 2004, en un fallo histórico, basado en Pactos y Convenios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sostuvo que la responsabilidad penal por los delitos de lesa humanidad es imprescriptible.
Detallados informes sobre la política argentina de aquel momento, comienzan a ser “enviados” por este personaje a la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, mas conocida como “DINA”, el equivalente a la SIDE en Argentina, por el año 1978, a raíz del conflicto por el Canal de Beagle. La “historia oficial” dice, que “El Dinamitero”, fue detenido por el EJERCITO ARGENTINO, en el año 1978, acusado de espía chileno e indultado por el Estado Argentino en 1980.
Entre 1974 y 1978, se dedica intensamente al estudio de la situación política argentina, estudios que posteriormente enviaría al gobierno chileno. En sus ratos de ocio, fue integrante de algún grupo operativo del “Plan Cóndor”, interrogando a disidentes chilenos exiliados en Argentina. Se lo condenó a doce años de prisión (a mas de la perpetua que antes tenía), por haber torturado a su conciudadana Laura Helgueta Díaz, secuestrada y recluida en el Centro Clandestino de Detención de Personas, llamado “El Atlético”. Esto prueba que la aludida “detención”, fue solo un simulacro y que a partir de 1978, comienza a trabajar como “doble-agente de inteligencia”.
Por la intensa producción literaria de este hombre, se tiene la sensación de que realizó el curso abreviado y más profundo, si vale la expresión, de toda la historia de la represión en Argentina. En el año 1978 informa, que supo acerca de golpizas que López Rega propinaba a la señora de Perón, que sabe de los asesinatos de la Triple A, nombra y describe, con numero de documento, dirección y demás detalles, a personas asesinadas desde 1975 en adelante. Advierte al gobierno de Chile que el ataque argentino, sería similar a la estrategia militar del General San Martín en la llamada Guerra de la Independencia. Es decir, invadir por las provincias de Cuyo, Salta y Jujuy, cuando la sensación imperante de aquellos días, a raíz de todo el movimiento militar argentino, amagaba a una invasión por el sur del país. Habría que chequear, si esos nombres, aparecen en la lista publicada recientemente.
En sus periódicos envíos, resalta la línea “pacifista” de la Fuerza Ejercito, que tendría a Videla y a Martínez de Hoz, como sus mejores exponentes, llegando a transmitir que en el año 1978 , la figura del Presidente estaba en franco ascenso, ante la opinión pública. Tal es así, que el sobrio y serio don Rafael, se vió obligado en una oportunidad a asomarse a los balcones de la Casa Rosada a raíz de una espontánea manifestación popular y que en otra oportunidad, un nutrido grupo de estudiantes lo vivó al grito de: ¡!!!VIDELA, CORAZON…!!!!!
En este camino, le adjudica un sinfín de secuestros, atentados y asesinatos a la línea dura del Ejército, liderada por Suárez Mason, Menéndez y Camps, los cuales detalla con asombrosa precisión, entre ellos, el secuestro del abogado Mariano Grondona. En un memo informa que el atentado al ex canciller Guzzeti fue ordenado por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, General Ibérico Saint Jean (Línea Camps) y en otro memo, cambia la versión: se atribuye el atentado a grupos afines a Massera, Servicio de Informaciones Navales, quienes tras “comprar” a la custodia del Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, lo emboscaron cuando el ex canciller ingresaba a un consultorio odontológico, asestándole un durísimo golpe en la cabeza con un objeto “de fierro” de “4 kilos de peso”, que lo dejó inválido.
Pero el más estremecedor de sus informes reza: “En estas listas van tanto los muertos “oficialistas” como los “no oficialistas”.Este trabajo se logró conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército sito en Callao y Viamonte de esta capital, que depende de la Jefatura II Inteligencia Ejército del Comando General del Ejército y del Estado mayor General del Ejército. Estas listas corresponden al Anexo 74888,75/0 A.1 E.A. y al Anexo 748 89.75 id.. Los que aparecen NN son aquellos cuerpos imposibles de identificar, casi en un 100% corresponden a elementos extremistas eliminados “por izquierda” .. por las fuerzas de seguridad. Se tienen computados 22,000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha. Luís Felipe Alemparte Díaz”. (Luis Felipe, era el seudónimo que usaba).
Los archivos de don Lautaro, fueron desclasificados por el “Nacional Security Archive” y donados a las Universidades de Chile, UNIACC y ALBERTO HURTADO, en donde ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN. Con recorrer paginas web chilenas sobre este personaje, se puede encontrar fácilmente todo dato, sobre la historia represiva en Argentina. También estos informes, se encuentran en la Causa Judicial, que se le siguió en Argentina.
Sus datos, coinciden con los archivos desclasificados de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, que por el año 1978, ya daba cuenta de una cifra cercana a 20.000 personas desaparecidas.
Otro interesante personaje, también entra en esta historia. Me refiero a don Guillermo Patricio Kelly. Por los años 1982 y 1983, Kelly editaba una revista llamada: “Quorum”. En la misma ya había denunciado que la cifra de personas desaparecidas, ascendía a más de 20.000. En los números 12 y 13 , correspondientes al mes de febrero del año 1983, comenzó por orden alfabético a publicar el listado de Victimas de Desaparición Forzada de Personas. Lo aterrador del caso, es que el listado, contiene: nombre, apellido, documento de identidad, dirección de la persona desaparecida y el lugar del hecho. Y lo más sorprendente es que coincide perfectamente con el listado publicado originalmente por la CONADEP.
Supongo, que nadie interpretará que la CONADEP se copió de Kelly. Solo me pregunto, bastante ingenuamente: ¿ De dónde extrajo el señor Kelly, un año antes de la creación de la Conadep, estos datos?.
Y me repregunto: ¿ Si los tenía Arancibia Clavel, dos Universidades Chilenas, el ex Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, en los Anexos 74888,75/0 A.1 E.A. y 748 89.75 id., don Guillermo Kelly y vaya a saber quien más, porque razón el Estado Argentino, no ha iniciado aún una investigación al respecto?.
Da la sensación que las distintas administraciones públicas, surgidas a partir de octubre de 1983, han centrado la discusión exclusivamente sobre el número desaparecidos y no sobre el fondo de la cuestión. Las dos cosas son importantes. El número, porque es necesario establecerlo lo más fielmente posible, sin que se politice el tema y el fondo de la cuestión: la verdad de los hechos.
Una real y verdadera política de Derechos Humanos, debe establecer y dejar sentado firmemente, que estos delitos fueron cometidos pura y exclusivamente por el Estado Argentino, el que tiene deber irrenunciable de investigarlos en toda su amplitud. No basta con establecer, en forma provisoria una cifra aleatoria y excusarse alegando la imposibilidad de obtener mas datos. El peor error que se puede cometer en este sentido, es no hacer nada, por pensar que es muy poco lo que se puede hacer.
No es difícil de entender, solo hay que poner voluntad para hacerlo, evitando profundizar aún más, heridas no cerradas.
Carlos A. Bozzi
Abogado
Sobreviviente de la Noche de Las Corbatas
