Como coletazo de la causa conocida como “Carbón Blanco”, uno de los operativos contra el narcotráfico más importantes de la historia, unas cien familias quedaron atrapadas en una situación insólita: no pueden escriturar los departamentos que compraron en un edificio ubicado frente al mar, en la zona norte de Mar del Plata. Es que, para la Justicia, la construcción se habría financiado con dinero proveniente del contrabando a España y Portugal de más de 1.000 kilos de cocaína camuflada en bolsas de carbón vegetal.
La firma constructora fue reiteradamente notificada por anomalías en la obra y violaciones al Código de Ordenamiento Urbano por la Justicia de Faltas marplatense. Y finalmente fue multada por la Comuna: adeuda 700 mil pesos. El punto es que los responsables de la sociedad constructora están presos, acusados de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Y su empresa está inhibida, por lo que no hay forma de poner en orden la situación.
Los dueños de los departamentos le pidieron ayuda a la Municipalidad de Mar del Plata. Enviaron una nota al intendente Gustavo Pulti y no hablaron más. Clarín se acercó al edificio y el encargado trasmitió el mensaje de los propietarios: “Nadie va a hablar”. Dijeron que no quieren enturbiar la gestión que iniciaron ante la intendencia.
Pero lo cierto es que esta y otras torres de departamentos de la ciudad –se habla de nueve en total, todas muy bien ubicadas–, habrían sido erigidas con dinero del narcotráfico.
“Esto (la deuda) frena una posible escrituración de las propiedades. Nuestro interés es estar al día con los impuestos como corresponde. Hemos sido sorprendidos en nuestra buena fe”, apuntó el consorcio en la nota elevada a la Municipalidad, en la que piden “encarecidamente” al intendente que los ayude.
La firma “Libres del Sud 2079 S.A.” –dueña del edificio ubicado en esa dirección–está inhibida desde el mes pasado por pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La empresa es una de las sociedades que manejaban Ricardo Gassan Saba y el abogado Mariano Castellucci. Este último figuraba como apoderado y, además de ser el secretario Legal y Técnico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tenía una fuerte participación en el radicalismo local. Ambos están detenidos en el marco de la causa por lavado que comenzó el año pasado, luego de que fuera desbaratada la banda acusada de traficar la cocaína a Europa.
Gassan Saba era el apoderado de Carlos Salvatore. Este abogado, que llegó a amenazar a la jueza del caso, sería uno de los jefes de la organización (ver Uno…). En la investigación se allanaron dos escribanías en las que surgió documentación que lo vincula con sociedades dueñas de varios edificios de la ciudad.
A Castellucci se le atribuye integrar “una asociación ilícita con carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional, cuyo origen data al menos de mayo de 2005”, según la Justicia chaqueña, donde tramita la causa por el caso “Carbón Blanco”. Esa asociación habría estado destinada “a dar apariencia de licitud a las ganancias originadas en las actividades de exportación ilegal de clorhidrato de cocaína”.
Al igual que Gassan Saba, cuando declaró en la causa todos los esfuerzos de Castellucci fueron dirigidos en la misma dirección: intentó despegarse de Salvatore.
Entre la documentación secuestrada en las escribanías y en su casa consta un poder que Castellucci tenía –cedido por Gassan Saba– sobre cinco sociedades dueñas de distintos edificios marplatenses. Todos están bajo la lupa.
Clarín
