Querellante y/o particular damnificado. Las autoridades responsables, sobre las cuales se presentan denuncias solicitando la investigación de hechos, sobre casos de incumplimientos de deberes del funcionario público, malversación de fondos y/o diversas incompatibilidades, generalmente vinculados a casos de corrupción, siempre tiene a mano un recurso para entrar en los expedientes que los tienen como involucrados.
El querellante (fuero federal) o particular damnificado (fuero bonaerense), se ha transformado en la argucia legal para escapar del rigor de una investigación, donde generalmente son principales sujetos. El querellante o particular damnificado es una figura, que utilizada indebida y artificialmente en sus genuinos propósitos, intentan ser tomados como parte para desviar la investigación, entorpecerla, cajonearla o llegar a su acción prescriptiva, sin que la justicia resuelva sobre responsabilidades o culpabilidad.
Si el Estado Nacional tiene la prerrogativa del Órgano de Control sobre la contratista, dispone de subsidios que crecen día a día ¿Cómo puede ser querellante, en una causa en la cual está en la primera línea de responsabilidades?, como sucede en el reciente caso de la tragedia de Once. Claro se vienen juicios multimillonarios sobre el concesionario y sobre el Estado (todos los argentinos). Son $ 100.000.000.000.- que pagaremos entre todos. Y seguiremos andando en los mismos trenes, o peores.
En el caso Schoklender y el Plan de los Sueños Compartidos, han partido millones de pesos que no se saben dónde están. Las viviendas tampoco, el plan interrumpido, Schoklender hizo infinidad de denuncias y Hebe de Bonafini lo acusa a él y toda su organización. Nadie ha sido citado por el juez y existe el convencimiento que todo quedará en la nada. Desde el P.E.N. se ordenó asumir el papel de querellante, para desligarse de la responsabilidad política del control de fondos multimillonarios. Podrían caer De Vido y José López, los padrinos de Carlos Cheppi, desde el Ministerio de Planificación.
En Mar del Plata, tenemos recientemente un caso paradigmático, la investigación sobre los fondos del Plan de Protección Ciudadana. Ágil por sus antecedentes como fiscal, el doctor Ariel Ciano (como secretario de Gobierno) se presentó presuroso como particular damnificado, dando lugar a pensar que todas las denuncias eran vacías, sin fundamentos, pero el juez Alejandro Castellanos rechazó “in límine” esa presentación, descartando esa posibilidad. Entendió que el Estado Municipal, y él precisamente, eran el centro de la investigación, por descontrol, derivación de fondos y mala aplicación de los mismos, que profundizaron los casos de inseguridad, que sufrió toda la sociedad marplatense.
A pesar del tiempo transcurrido el fiscal Claudio Kishimoto, no avanzó en la toma de decisiones en la causa, a pesar de la prolífica documentación aportada y los diversos testimonios presentados en el tribunal federal, entre ellos peritos contables, especialistas en derecho administrativo, en definitiva todo fue a parar al poderoso cajón del Procurador General de la Nación, doctor Esteban Righi, o a su orden en este caso, como podría ser la emisión de un cheque. En la actualidad a la justicia la maneja la política y ha perdido su independencia.
