El enjambre judicial que se urde en estos casos de complejidad judicial que arrastra a funcionarios policiales, ha ganado espacio en las últimas horas tras conocerse las primeras medidas adoptadas en torno a la investigación.
No escapa al contexto la errática conducción del intendente Guillermo Montenegro, quien en cuatro años no logró dar respuestas a los vecinos en la materia, incluso con dudosas designaciones provenientes del sector de Patricia Bullrrich, efectuadas con constantes demandas de personal que se integró a la planta política municipal.
Lo que sí ha ganado repercusión es el hecho que involucra a José Luis Segovia, que ha tomado trascendencia nacional, y no se descarta que distintos intereses comiencen a jugar debido a las consecuencias políticas, que implican a las más altas esferas del Ministerio de Seguridad de la Provincia, altamente jaqueado en todo el territorio bonaerense.
Lo ocurrido ha tomado un desvío de manual para estos tipos de derivaciones, que refieren a internas propias de la fuerza policial, En este marco, el abogado Cristian Moix, que representa a Rivademar y González, manifestó que “nos encontramos con una denuncia hecha por un grupo delictivo, gente que está privada de libertad por delitos de secuestro extorsivo, ingresar inmuebles, robos”.
Desde su perspectiva, “al no encontrar una posibilidad de libertad, se plantearon armar falsas denuncias contra funcionarios policiales a fines de obtener algún tipo de beneficio en cuanto de libertad y poder negociar con el Ministerio Público Fiscal”, resaltó.
En este sentido, señaló que “es lógico que el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de investigar, pero se origina en función de que en un grupo delictivo está buscando algún tipo de beneficio en el sistema judicial”.
