El Juez Antonio Cayetano Saladino, titular del Juzgado de Garantías N°1 de Olavarria, continua procesado por el caso que se vincula con la muerte del abogado Marcos Rodrigo Alonso.
Se desprendería de la investigacion que, siendo el día 2 de enero de 2010 el juez Saladino recibe en su casa, ubicada en Junin entre Barros y Cabral, la suma de 10.000 pesos en virtud de un acuerdo previo con el objeto de que el magistrado resolviera de manera favorable la petición que posteriormente se efectuaría requiriendo el cambio de calificación del hecho en el cual se investigaba a Walter Omar Gallastegui por homicidio simple en grado de tentativa.
El acuerdo se habría llevado a cabo entre el juez Saladino y el abogado de Gallastegui, Marcos Rodrigo Alonso. El mismo consistía en que el abogado entregara al prófugo, ante la UFI Nº5 de Olavarria, quien el día 14 de noviembre del 2009 habia efectuado 11 disparos contra Fabricio Armendano.
Aprovechando la feria Judicial y teniendo en cuenta que Saladino estaba a Cargo de los Juzgados de Garantías Nº 1 y Nº 2 durante 15 días, el juez cambiaría la caratula de homicidio simple a lesiones graves con lo cual le daría a Gallastegui la excarcelacion. Pero las cosas no salieron según lo planeado, una vez entregado Gallastegui el día 6 de enero, Saladino no pudo cumplir con su parte, por oposición del juez titular del Juzgado de Garantias Nº2 y el día 13 de enero rechaza el cambio de calificación y el pedido de excarcelación formulados.
Días después de enterarse de esta sentencia, el 25 del mismo mes, el abogado Marcos Alonso aparece maniatado y amordazado con ocho heridas
de bala en su cuerpo.
Luego de este homicidio, que se supone en venganza por la falta de cumplimiento del compromiso de sacar a Gallastegui en libertad y por la denuncia realizada por la esposa del abogado muerto, se comenzaron a investigar diferentes líneas que llevaron a la vinculacion del juez Saladino con este hecho y por el cuál esta siendo actualmente procesado.
Por todo lo dicho anteriormente, el fiscal Bruna, de la unidad funcional de delitos económicos Nº 10 con fecha 23 de febrero, ha solicitado el desafuero del Magistrado Saladino por tener prueba suficiente para que comience su proceso de enjuiciamiento mediante el jurado constitucional de estilo.
