Uno de los temas de mayor cantidad de conflictos por la combinación de múltiples factores, políticos, económicos, sociales, empresarios y sindicales, fue superado en la ciudad serrana, luego de cerrarse el nuevo valor del boleto urbano del transporte de pasajeros, en un marco de aumentos de tarifas de servicios públicos.
Una postal distinta dejó este año el tratamiento del incremento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante. No hubo transportistas, ni choferes, ni estudiantes universitarios en la barra. Tampoco, militantes de la izquierda, ni insultos a los legisladores, ni escenas bochornosas. Tras una discusión madura en la que sobresalió la flexibilización de algunas posturas tradicionales, los legisladores aprobaron por mayoría la nueva tarifa que llevará el boleto plano a 8,51 pesos desde la promulgación de la ordenanza y a 9,15 en agosto. Además, los distintos bloques coincidieron en la necesidad de mejorar el servicio y los controles.
La sesión arrancó con 45 minutos de retraso, debido a que representantes de todos los bloques recibieron a los profesionales del Hospital y a dirigentes provinciales de la CICOP. Con el respaldo del trabajo en las comisiones, representantes de los cinco espacios políticos argumentaron sus posturas y se puso en consideración el dictamen de mayoría.
A partir del desdoblamiento de la actualización tarifaria, el referente del PJ-FPV Darío Méndez pidió votar en particular el artículo 1 de la ordenanza, que autorizaba una suba del boleto plano a 8,51 pesos, y el proyecto en general.
De este modo, la tarifa que regirá hasta agosto fue acompañada por la UCR, el PRO, Frente Renovador y el PJ-FPV, y el total del incremento tuvo el aval de la UCR, el PRO y el Frente Renovador. En tanto, el Bloque Justicialista rechazó el dictamen, al entender que los datos para analizar los costos del transporte no son fidedignos.
“No es gracioso para nadie”
En principio, el radical José Luis Labaroní sostuvo que encararon un estudio “minucioso y certero” de los costos del transporte. Además, aclaró que aportó datos emanados de los seis meses en que funcionó el SUMO, lo que le permitió proyectar con certeza que viajan unos 11,1 millones de pasajeros al año, en contraposición con los 10,6 millones declarados por la Cámara de Transporte.
El presidente de la Comisión de Economía afirmó que todo el sistema de transporte público necesita entre 153 y 155 millones de pesos para funcionar este año, mientras que en 2015 demandaba 118 millones.
Además, aseveró que las empresas recibirán 75 millones en subsidios y 9 millones del PASE (Programa de Accesibilidad Socio Educativo), en tanto el resto del costo se debe cubrir con la tarifa.
Sumado a esto, mencionó el 37 por ciento adicional a los subsidios anunciado por el Gobierno nacional, que servirá para cubrir el 29 por ciento de incremento salarial acordado con la UTA (llevará a diciembre el sueldo básico de los choferes a 21 mil pesos) y las subas en gasoil.
Labaroní consideró que los estudios de costos de la Cámara de Transporte y del Iapuco (Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos) no arrojaron grandes diferencias, y al mismo tiempo, reflotó un párrafo de la nota del pedido de aumento que elevaron los transportistas, donde planteaban que en el 31 por ciento pretendido no estaba incluida la paritaria y reinaba la incertidumbre sobre los subsidios.
“Somos conscientes de que votar un aumento no es gracioso para nadie”, dijo, y argumentó que el transporte cuesta entre 153 y 155 millones de pesos por año, con un Indice de Pasajero por Kilómetro (IPK) de 2,11; un gasto de 25 pesos por kilómetro recorrido; 11 millones de boletos expendidos; 12 minutos de frecuencia entre los recorridos; 200 empleados en las empresas y 88 colectivos.
Al mismo tiempo, aseguró que van en busca de “ideas innovadoras” para lo cual presentó un proyecto que impulsa la creación de una comisión de seguimiento de las tarifas y de la calidad del servicio, con representación de todos los bloques, del Ejecutivo y la Cámara de Transporte.
“Toman de rehén al usuario”
En tanto, el concejal del PJ-FPV Darío Méndez indicó que no se puede aislar el ajuste del boleto del contexto económico general, pero además sostuvo que se debe analizar el transporte como un sistema que debe cumplir requisitos, cubrir costos y ser accesible para los pasajeros, sin perder de vista la prestación de un servicio público.
Celebró el trabajo en la Comisión de Transporte, pero aclaró que desde el Frente para la Victoria “sí vemos grandes diferencias” de los dos estudios de costos que obran en el expediente, “sobre todo en el IPK” a partir de que el Iapuco arrojó 1 millón más de pasajeros. También aclaró que ninguno contempló las actualizaciones en los subsidios y salarios.
El concejal explicó que tomaron el estudio del Iapuco, porque lo consideraron más certero y librado de intereses particulares. Entonces, a partir de los números, aplicaron los impuestos, el cargo por el SUMO y una rentabilidad del 3 por ciento -de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Transporte durante el gobierno anterior-, y arribaron a un boleto plano de 8,59 pesos.
Atribuyó las diferencias con el oficialismo a la tasa de rentabilidad, aspecto en el cual no lograron un acuerdo ya que el radicalismo calculó el doble del porcentaje. Por eso, marcó que llegaron a un costo anual más bajo, de 151 millones de pesos.
De todos modos, se mostró sorprendido por la diferencia. Teniendo en cuenta que si aplicaran todas las actualizaciones al estudio de los empresarios, arrojaría un boleto plano de 11 pesos, 2,5 pesos arriba.
En otro tramo de la argumentación, el edil confió que se sintió presionado por los comentarios de la Cámara de Transporte, que “toma de rehén al usuario” al amenazar con que se va a resentir el servicio. Al mismo tiempo, le recordó la letra del pliego de la licitación, que establece multas a partir de “la presentación falsa o incorrecta de datos u otros elementos requeridos por la autoridad de aplicación o el Honorable Concejo Deliberante, que tenga por efecto viciar de error una decisión administrativa o proporcionar al concesionario beneficios económicos”.
Méndez señaló que se trata de un dato “aleatorio para que tengamos en cuenta” y valoró que el año entrante contarán con los números del SUMO.
“Existen penalidades”
En cuanto al servicio, Méndez valoró la implementación del boleto electrónico porque brinda seguridad y fluidez. Sin embargo, señaló que debe perfeccionarse y prueba de ello son los reclamos de los usuarios por cobros indebidos, niños que fueron bajados de los colectivos, falta de puntos de recarga en los barrios y ausencia de un boleto descartable, entre otros.
Al mismo, recordó que junto al oficialismo presentaron un proyecto para gestionar la homologación del SUMO y el SUBE, y reclamó que se acceda “en forma inmediata” a la tarifa social. “Se debería homologar a la brevedad”, recalcó.
Por otro lado, Méndez presentó un proyecto para ampliar el PASE, otro para generar un boleto combinado universal que permita a los pasajeros trasladarse entre los barrios y otro para sancionar al colectivero que bajó a los dos niños que viajaban a La Elena.
Otro aspecto central que desarrolló el legislador, quien además es pasajero frecuente, fue la falta de controles “que muchas veces resiente el servicio”. Aseguró que el Ejecutivo “tendría que tomar cartas en el asunto”, porque “existen penalidades”.
Sumado a esto, subrayó la importancia de dar a conocer a los usuarios las reglas de funcionamiento del transporte “para no ser víctimas del mal funcionamiento y falta de control”. Por eso reflotó la propuesta de crear un 0800 para denunciar cualquier irregularidad.
Por último, acordó con la intención de trabajar en conjunto y la comisión que buscará crear su par Labaroní, al tiempo que reclamó que en la próxima licitación se avance para exigir la accesibilidad al transporte de las personas discapacitadas.
Gradualidad
Por el PRO, Pablo Díaz Cisneros destacó que desde su bloque “hemos estado propiciando la gradualidad” del aumento “para que no impacte de manera tan directa” en los vecinos. En igual sentido, destacó el aporte del Gobierno nacional que anunció otros 20 millones de pesos de subsidios para intentar que la tarifa no suba por encima del 30 por ciento, y lograron acordar un 26,8 por ciento.
“Fuimos quienes reflotamos la idea del boleto electrónico”, y resaltó que en su momento les decían que los GPS no iban a funcionar en Tandil, pero hoy “son un gran adelanto” y “generan seguridad”.
Coincidió con Darío Méndez en difundir fuera y dentro de los colectivos un protocolo y un 0800 que permita a los usuarios hacer denuncias ante los incumplimientos.
Gestiones y calidad
El presidente de la Comisión de Transporte Gabriel Bayerque aseguró que fue un “desafío” analizar un “tema bastante delicado” como el aumento del boleto, frente a las necesidades de los usuarios, teniendo en cuenta la situación del país. Sin embargo, llamó a no caer en posturas demagógicas ante el sinceramiento de las tarifas.
También rescató la buena predisposición de “mis colegas” para el tratamiento y aclaró, como exresponsable de SUMO, que gestionó junto al entonces jefe de Gabinete Marcos Nicolini la homologación con el SUBE cuando viajaron a la Secretaría de Transporte. “No es que no quisimos, cuando llegó la etapa ya teníamos SUMO”, dijo, y confió que se va a lograr con las nuevas autoridades del ministerio.
En cuanto a la calidad del servicio, reconoció que “tenemos que mejorar y debemos ser más estrictos con los controles”, pero resaltó que al compararla con otras ciudades de escala parecida, Tandil dispone más colectivos y más nuevos, más líneas y todas locales, menores frecuencias y un precio de boleto bastante similar.
Subrayó que “no es agradable aumentar, pero tenemos que ser objetivos con el servicio” y apoyó el proyecto de la comisión de seguimiento. “No queremos engañar con posturas demagógicas, buscamos el equilibrio entre las partes”, sentenció sobre el final.
Los datos “no son fidedignos”
Por último, el presidente del Bloque Justicialista Pablo Bossio adelantó que no acompañarían el aumento, manteniendo la posición de su espacio político durante la última década. De todos modos, captó “un nuevo aire” en el Concejo, “otro tipo de postura frente a la Cámara de Transporte”. Recordó que cuando discutieron la tarifa de 2015, los empresarios, los choferes de la UTA y el contador que realiza el estudio de costos copaban la barra, en actitud amenazadora.
En tanto, valoró los aportes del concejal oficialista José Luis Labaroní que “vino a echar luz sobre un punto trascendental en la tarifa” y consignó que apareció un millón de nuevos pasajeros, número que influye en el IPK.
“Estamos a pocos meses de contar con los datos del SUMO”, resaltó Bossio y llamó a “desmitificar” los argumentos de los empresarios que no están dispuestos a extender los recorridos por falta de rentabilidad, ya que “aumentaron los kilómetros recorridos y los pasajeros también”. Concluyó que “claramente no quieren ampliar los recorridos porque es antieconómico”.
Pese a esta suerte de “blanqueo” en el número de usuarios frente a lo que arrojará el SUMO, sostuvo que “no vamos a acompañar este aumento porque la fuente de los datos no la consideramos fidedigna” y puso como ejemplo el millón de pasajeros que apareció en el estudio de costos encargado por el Legislativo.
Sumado a esto, cuestionó la falta de supervisión del Estado municipal. “Control y calidad del servicio van de la mano”, dijo, y resaltó que “hay una Dirección de Concesiones” que debería actuar para monitorear el funcionamiento.
En igual sentido, celebró la creación de la comisión de seguimiento impulsada por Labaroní y las gestiones para acceder al SUBE, pero convocó a rever el sistema de transporte teniendo en cuenta que no existe interconexión entre los barrios.
Por último, recalcó que su bloque va a “seguir insistiendo con datos fidedignos que nos den seguridad”, ya que hoy se recurre a las declaraciones juradas que aportan las empresas nucleadas en la Cámara de Transporte.
El nuevo cuadro tarifario
A partir del incremento que votó el Concejo Deliberante ayer, el intendente Miguel Lunghi deberá promulgar la ordenanza con un decreto para que comience a regir la nueva tarifa para el transporte público urbano de pasajeros de Tandil.
De los boletos que expendan las seis empresas, se les descontará un 3 por ciento en concepto del sustento de la red de cobro y gestiones de los puestos de venta, al momento en que perciban el monto de la facturación.
El cuatro tarifario es el siguiente
Boleto Ahora Agosto
Plano 8,51 9,15
Nocturno/Alargue 10,04 10,79
Obrero 6,81 7,32
Universitario 6,81 7,32
Primario 0,50 0,50
Secundario 4,26 4,57
Escolar Granja 6,47 6,95
Combinado 9,28 9,97
Suburbano Granja 10,04 10,79
Combinado Sec. Granja 10,97 11,80.
Eco – mdphoy.com
