Desde el Movimiento Barrios de Pie expresamos nuestra solidaridad con los reclamos de aumento salarial llevado adelante por el sindicato de camioneros y repudiamos la actitud del gobierno de amenazar a los trabajadores.
Frente al ejercicio del justo derecho de huelga de un gremio en conflicto, lo primero que hace es descalificar a sus dirigentes, amenazar, enviar la gendarmería, poner sanciones. Conducta llena de autoritarismo que ya utilizó con otras organizaciones sociales, como Barrios de Pie, en tiempos recientes. Pésima actitud de quienes se jactan de defender los derechos humanos, de respetar y no reprimir la protesta social.
La salida al conflicto para que no termine afectando a toda la sociedad, debe ser una revisión inmediata de parte de la presidenta de la conducta de su gobierno. Debe anular toda sanción y amenaza, y sentarse a negociar razonablemente con el gremio de camioneros, contemplando la justicia de sus reivindicaciones, y viendo la manera de resolverlas aceptablemente
No hay peor ciego que el que no quiere ver
El costo laboral en 2010 por ocupado fue 7,7% menor que en 1993. Mientras que el índice de rentabilidad sobre capital fijo del sector empresario fue 28,2% mayor que en 1993. Es decir, los empresarios aumentaron sus beneficios a costa de menores ingresos de los trabajadores.
Ese es el debate que subyace al paro nacional de la CTA del pasado 8 de Junio, el que subyace al recientemente anunciado paro nacional de camioneros.
Ese es el debate que no quiere enfrentar el Gobierno, ni ese ni el reclamo de los sectores que menos tienen: los desocupados y quienes trabajan en negro. Tampoco quiere ver el aumento constante de precios que ya supera el 34%. (inflación anual acumulada según el Índice Barrial de Precios -IBP)
A ello hay que sumarle que los depreciados e insuficientes aumentos de sueldo no van de la mano con una suba en los topes a las Asignaciones Familiares y/o el Mínimo No Imponible, dejando de ser un beneficio para el trabajador, y pasando a ser simplemente una herramienta de recaudación para el Estado.