Ante la Instrucción Penal Preparatoria que tramita ante la Fiscalía de Delitos Económicos de esta ciudad, para definir la situación de los 23 imputados en la que se investiga la operatoria de una banda dedicada a ocupar, simular la venta y hacerle juicio a los verdaderos dueños de casas y lotes, y teniendo en cuenta que una de las implicadas, es la abogada María Melina Evaristo, sobrina de Mario Dell´ Ollio, titular de OSSE.
El Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical ha presentado un Proyecto de Decreto por el cual solicita se cite “al Presidente de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE), Mario Dell Olio, a la Comisión de Obras Seguridad y Planeamiento, a brindar información en relación a la causa que tramita por ante la Fiscalía de Delitos Económicos, en la que se investiga distintos hechos fraudulentos por la usurpación de propiedades, vinculando a los mismos, entre otros, a la abogada María Melina Evaristo”.
“Unos meses atrás asistimos al caso de las “Licencias truchas”, que constituye el caso de corrupción más grande de la historia de nuestra ciudad, llevado adelante por una banda liderada por un amigo del intendente Municipal. Ahora se suman estos hechos, cometidos por otra banda, que integraba una sobrina del Presidente de OSSE. Ambas investigaciones judiciales están en curso, y de ellas surge claramente la matriz corrupta de este gobierno municipal, por lo cual vamos a exigir explicaciones al respecto, tanto a Pulti como a Dell´Olio”, afirmó el Concejal Mario Rodríguez.
Además de citarlo al HCD, y más allá de que algunos datos ya se han hecho públicos, el radicalismo le ha solicitado al Presidente de OSSE que informe por escrito lo siguiente:
a) Si la abogada María Melina Evaristo pertenece o ha pertenecido a la planta de personal del Ente.
b) En caso afirmativo, indique fecha, forma de ingreso y carácter del cargo desempeñado.
c) Si posee algún vínculo familiar, con algún miembro del Directorio del Ente, y en caso afirmativo, en qué grado.
d) Listado del personal con acceso a consultar la base de datos de Obras Sanitarias.
Esta causa ha dejado al descubierto una compleja pero aceitada red dedicada a ocupar, simular la venta y hacerle juicio a los verdaderos dueños de viviendas y lotes desocupados. Casi seis años después, la causa tiene 23 imputados y una larga historia de complicidad, inacción y silencio. La semana pasada la Fiscalía de Delitos Económicos informó que tres personas -entre ellas dos abogadas- estaban imputadas por encabezar una asociación ilícita. Otros veinte sujetos participaban de las maniobras que finalizaban cuando la Justicia Civil y Comercial dictaba sentencia a las demandas de escrituración.
El accionar de la banda consistiría en un plan de varios puntos, con la intervención de una gran cantidad de actores, para lograr su cometido. El primer paso consistiría en ubicar -con datos obtenidos desde una dependencia oficial- una propiedad que no registrara movimiento inmobiliario o impositivo y la ocupaban por la fuerza.
Al obtener los datos de sus titulares, adulteraban documentación falsificando firmas con sellados apócrifos para darle visos de legalidad. El siguiente paso consistiría en transferir a terceros, quienes luego lo cederían a otro cómplice con boletos de compraventa. El último paso sería plantear un juicio de escrituración al dueño original, cuya firma había sido falsificada.
Más allá de la mecánica que repitieron en al menos veintiún casos, la impunidad de la banda también se apoyaba en la elección de lotes o viviendas cuya usurpación tardaba en ser denunciada. Ese tiempo le permitía avanzar en el “blanqueo” gradual a través de la adulteración de documentos que finalizaba con la estafa procesal en la que intentaban hacer caer a los titulares de los Juzgados Civiles y Comerciales. Para el abogado denunciante, Dr. Walter Llona, uno de los imputados era el encargado de falsificar -además de la documentación- las firmas de los verdaderos dueños de las propiedades. “Contaban con la maquinaria y papel moneda para la creación de oficios judiciales, interceptaban informes de la Cámara Electoral y poseían instrumentos de alto nivel”, detalló.
Si bien en estos casos que posibilitaron el inicio de la investigación los damnificados estaban vivos, en la mayoría de los hechos habían fallecido y sus familiares -en caso de haberlos- no habían iniciado los trámites sucesorios. En uno de los casos que forma parte de las 1.500 fojas y trece anexos documentales, aparece un boleto de compra venta firmado en 1997: lo particular del caso es que el firmante murió en 1978 y su esposa en 1986. Ambas firmas estaban “certificadas” ante escribano y con sellado bancario.
A partir de la denuncia original, Llona recopiló un total de 18 casos en seis meses con elementos en común. Los mismos protagonistas y la misma mecánica llegaban al mismo final: la estafa procesal a la Justicia para que blanqueara esas irregularidades. Ante esa situación, el Dr. Llona alertó en los 14 Juzgados Civiles y Comerciales y al Registro de la Propiedad acerca de las irregularidades que había descubierto. “Más allá de alguna excepción, no tuve más respuesta que la pasividad, por lo que denuncié el hecho ante la fiscalía de Delitos Económicos en marzo de 2012”, relató.
Para el denunciante, la usurpación de lotes a esta escala viene desde hace más de 20 años y más allá de las denuncias esporádicas de distintos sectores, no se avanza en el esclarecimiento de los hechos. “No es una situación aislada, es un modus operandi que tiene como punto de inicio la obtención de datos a través una forma administrativa que permite realizar la apropiación ilegal de lotes. La manera en que se obtienen los datos es el meollo de la cuestión”, concluyó.
En la causa aparecen distintas denuncias con protagonistas y domicilios cruzados entre sí: quien aparece como comprador en un hecho, es el vendedor o el denunciante en otro. La pátina de legalidad que lograba la maniobra no hubiera sido posible sin la falsificación o adulteración de documentación en alguna de sus fases. Para esa labor habría sido fundamental la tarea de un sujeto de más de 60 años encargado de realizar -por sí mismo o por terceros- los documentos apócrifos. El sujeto registra antecedentes por estafa, falsificación de sellos oficiales, uso de documento o certificado falso y uso de documentación adulterada.
La Fiscalía de Delitos Económicos debe definir la situación de 23 imputados por la investigación en la operatoria de una banda dedicada a ocupar, simular la venta y hacerle juicio a los verdaderos dueños de casas y lotes.
Tres son las personas sospechadas de formarían una asociación ilícita que incorporaba a más sujetos para fraguar las operaciones inmobiliarias. De acuerdo a los datos que figuran en la instrucción penal preparatoria, Luis Rodríguez y las abogadas María Melina Evaristo y Paula Bahlcke son las personas que tendrían un mayor grado de responsabilidad. De todos los imputados, éstos son los únicos tres a los que la jueza de Garantías Lucrecia Bustos dictó la prohibición de salida del país, quienes fueron llamadas a declarar en el marco del artículo 308 del Código Procesal Penal.
En la megacausa a cargo de los fiscales Fernando Berlingieri, Roberto Javier Pizzo y Carlos David Bruna resta establecer -de manera clara- cómo se obtenían los datos que permitían identificar las propiedades a ocupar.
Más allá de la sospecha generalizada acerca de que los datos se obtendrían de organismos oficiales, se sigue trabajando para definirlo con precisión. De acuerdo a los datos que figuran en la instrucción penal preparatoria, Luis Rodríguez y las abogadas María Melina Evaristo y Paula Bahlcke son las personas que tendrían un mayor grado de responsabilidad. Ha trascendido que la citada abogada María Melina Evaristo pertenecería a la planta de personal de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE).
El 23 de Octubre de 2014, a partir de una iniciativa de la Concejal Cristina Coria (UCR), el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon convocó a una Jornada de Trabajo con el objeto de analizar los temas: “Usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles en el Partido de General Pueyrredon” y “Ley Nº 14.449 de acceso justo al hábitat”.
La Concejal Cristina Coria explicó que “la usurpación de terrenos y viviendas se convirtió en el último tiempo en una de las principales preocupaciones a lo largo y ancho de Mar del Plata”.
Con posterioridad, con fecha 5 de junio del 2015, la Concejal Cristina Coria solicitó al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, en virtud de lo propuesto en la referida Jornada de Trabajo, reiterando la nota dirigida anteriormente en el mes de noviembre de 2014, que tenga a bien propiciar una reunión del HCD con el Fiscal General Fabián U. Fernández Garello y el Fiscal a cargo del tema “Usurpaciones” de la Fiscalía Temática Nº 2, a la que no hubo respuesta hasta la fecha.
