Hace unos pocos días la Iglesia Católica argentina dio un contundente grito de alarma a través de un documento público sobre los innegables avances del narcotráfico en nuestro país, a lo que poco a poco algunas otras organizaciones se sumaron, unas muy pocas con firmeza pero la mayoría con la timidez propia de quién no quiere mucho compromiso.
A partir de allí el tema tomó estado público por algunos días y tanto los representantes del gobierno, de los distintos partidos políticos como también sus legisladores de los niveles nacional, provinciales o municipales parecieron despertar y desayunarse con esa noticia de lo que está pasando en nuestro país, concordando como siempre en que al parecer el problema existía y aunque sin decirlo en forma explícita “alguien debería hacer algo”, continuando de esta forma eludiendo las responsabilidades que les son propias.
Por último el periodismo nacional, una vez más se mostró asombrado de lo que de ninguna manera puede ignorar, y salvo algún muy puntual caso el tema va perdiendo vigencia día a día.
Desde ese mismo periodismo se reconoció en repetidas ocasiones de que como se encabeza este artículo, la Iglesia Católica había sido la primera en poner el tema sobre el tapete con lo cual ese mismo periodismo demuestra acabadamente que no maneja la información que normalmente tiene la prensa o su mala memoria les imposibilita recordar mas allá de lo ocurrido unos pocos días atrás, siempre y cuando tocar determinado tema no signifique algún compromiso o riesgo insospechado.
Lo cierto es que sin querer desmerecer para nada esa valiente actitud de la Iglesia, han sido las entidades que agrupan con intenciones sindicales a los trabajadores policiales de distintas provincias argentinas, entre ellas APROPOBA, las que desde hace mas de una década vienen alertando sobre lo mismo sin lograr conseguir nunca un espacio en los medios nacionales para hablar de tema tan importante.
Haciendo un poco de historia recordemos que a fines del año 98 el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires Dr. EDUARDO DUHALDE con excusas banales produjo la llamada “reforma judicial y policial”, que consistió más que nada en la destrucción de la fuerza policial, su desprofesionalización, la anarquía en los escalafones destrozando la carrera policial, cerrando los institutos de formación y entre otras barbaridades mas disolviendo la Dirección de Narcotráfico para diseminar a sus especialistas. Vaya un recuerdo para los legisladores de ambas cámaras de nuestra provincia, oficialistas y opositores que con entusiasmo levantaron “las dos manos” para votar las leyes anticonstitucionales que hicieron posible todo esto y que en definitiva nos llevó a la situación en que hoy nos encontramos. Como señala el viejo dicho “De aquellos polvos son estos lodos”.
El proceso de destrucción de las fuerzas policiales argentinas siguió lógicamente por las más grandes y es así que Córdoba, Santa Fe y Mendoza corrieron la misma suerte.
No fue necesario mayor avance sobre las otras fuerzas policiales provinciales menores por resultar mucho más manejables y sin duda alguna de esta forma quedó abierto el camino parta que el narcotráfico en el poco tiempo transcurrido desde entonces a la fecha se hiciera dueño del país y lo convirtiera de un lugar de paso, a también no solo de consumo sino de elaboración.
Los viejos policías siempre sospechamos que había otras razones para la destrucción de estas fuerzas más allá de la supuesta corrupción que como todos sabemos no puede ir separada de su correlato político y existen herramientas legales para combatirla si verdaderamente el gobierno no está comprometido con la misma.
Pero aún cuando los lamentos de las miles y miles de víctimas del flagelo, los enfermos, las muertes causadas entre las que se cuentan las de numerosos policías asesinados por delincuentes alucinados por la droga ya no pueden ocultarse todavía se intenta avanzar sobre el siguiente paso desde varios sectores con la llamada “policía municipal”, de lo que también como profesionales sabemos que solo será un beneficio más para los narcotraficantes como bien lo ha demostrado el ejemplo mexicano que a costa de cientos de cadáveres colgados de los puentes y arrojados al costado de los caminos, ahora pretende pasar al otro extremo y militarizar esta lucha en lugar de legislar y constituir una fuerza policial fuerte, profesional, con recursos, bien paga y respaldada, como también debería serlo por estos pagos dicho sea de paso. Dios no quiera que debamos pasar estas etapas, aunque parece difícil cuando nuestros políticos parecen no tener posibilidades de conocer lo que ocurre en otros países.
Fuente: APROPOBA
