“La Universidad Atlántida Argentina parece que fuera una unidad básica, no se entiende por qué sigue funcionando y no fue intervenida”, aseveró en diálogo con mdphoy.com Orlando Segura, presidente de la consultora D.E.P.R.O. (Desarrollo Profesional), quien efectuó una demanda que oscila entre los 7 y 8 millones de pesos contra dicha casa de altos estudios, que contaría con el blindaje político del intendente del municipio Urbano de la Costa Pablo De Jesús, y otros personajes del entorno del gobierno kirchnerista, entre ellos el ex vicepresidente Amado Boudou.
“Radiqué la denuncia contra la Universidad Atlántida Argentina en el año 2001 porque esta universidad me estafó”, afirmó el damnificado, explayado que “habíamos firmado un convenio para dictar cursos de extensión universitaria de Agentes de Propaganda Médica. El contrato duraba por cinco años donde nosotros teníamos que poner la parte logística, es decir los profesores, la publicidad en los medios nacionales… Después hubo que alquilar establecimientos educativos para dar las clases que se dictaban en la CABA y lo único que entregaba la universidad era un certificado de extensión universitaria, todo lo demás lo poníamos nosotros”.
“Al inicio teníamos pocos alumnos, alrededor de 60 – prosiguió Segura – pero con el trabajo que hicimos nosotros llegamos a tener en poco tiempo alrededor de 600. Prácticamente más alumnos que las carreras que se dictaban en la universidad, era un negocio muy importante para todos” y agregó que “el rector de entonces, Omar Burgos, juntamente con el tesorero Marcelo Eyras (dos sinvergüenzas), vieron la posibilidad de quedarse con los cursos y no darnos el porcentaje que nos correspondía por la participación en la sociedad. Así fue como rescindieron el convenio unilateralmente y se quedaron con los cursos”.
“Eso dio lugar a la denuncia penal por tentativa de Estafa, Falsedad de Documento y Defraudación por retención indebida que está en el juzgado de garantías 2 de Mar del Plata (IPP 72167), presentada en el año 2001”, señaló el damnificado y acotó “ luego denuncié la situación en el Ministerio de Educación de la Nación y por último, radiqué otra denuncia en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores, donde se está tramitando la causa también por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios con el patrocinio del Estudio Jurídico del Dr. Pablo Lanusse y Asociados”.
Asimismo, resaltó que “llevamos prácticamente 10 años con esta causa y estamos prácticamente para la sentencia, los testimonios y las pruebas presentadas son abrumadoras en contra de la universidad” y añadió “avala mis denuncias la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, organismo descentralizado que funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, el cual desde el 2004 a la fecha viene efectuando informes lapidarios contra la universidad: faltante de dineros, profesores que no cumplían los horarios, adulteración de notas en las carreras, etc. Pero bajo el amparo del gobierno anterior (kirchnerista) siguió funcionando”.
En tal sentido, puntualizó: “en todo momento nosotros hacíamos presentaciones en el Ministerio y las actuaciones fueron cajoneadas”, asegurando que las autoridades de la casa de altos estudios “están respaldados por el intendente del municipio Urbano de la Costa Pablo de Jesús, quien está entregando becas y le ha cedido terrenos a la universidad cuando tendría que haber consultado al Ministerio para ver la situación de la misma”.
“No solamente se perjudicó a mi consultora sino también a personal administrativo y docente que prácticamente se quedaron sin percibir sus haberes”, aclaró Segura, precisando que “cuando iniciamos la demanda, el monto de la estafa ascendía a 3 millones de pesos y hoy dado el tiempo transcurrido, rondaría los 7 u 8 millones de pesos”.
El denunciante concluyó: “también queremos saber quién compró esta universidad que estaba en una situación económica muy grave y por esa razón se fueron Burgos y el tesorero Eiras, apareciendo en la escena como rector Amado Zogbi que, como publicó el diario Perfil, fue parte del equipo económico del ex vicepresidente Amado Boudou, cuando éste era secretario de Hacienda del Partido de la Costa, a quien después lo sucedió en el cargo, y está procesado porque formaba parte de un fondo de inversión internacional -con sede en Argentina- que llegó a manejar US$ 44 millones y estafó a sus ahorristas, desviando el dinero a paraísos fiscales como Panamá y a empresas propias”.
Roberto Latino Rodríguez
Quisiera ver claridad en la nota pronto,ya que se menciona personas conocidas en mis años joven,Ref..Burgos e Eiras,,flias de pueblos vecinos,como Maipu y gral Madariga….