La Mesa Directiva del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 denunció que el Plan de Reactivación Económica continúa postergado, lo que provocó un mayor retroceso al sector.
Asimismo reclamaron los cambios al Reglamento General de Construcción que permitirán agilizar los trámites municipales, generar trabajo genuino y aportar ingresos a las cuentas del estado municipal.
Desde los primeros días de octubre se encuentra en estudio del Concejo Deliberante el denominado “Plan de Reactivación Económica”, sobre el cual la Secretaría de Planeamiento comunal invirtió varios meses de trabajo y que incluye una moratoria a las construcciones, que seguramente traería una importante cantidad de recursos a las finanzas comunales y trabajo inmediato para los matriculados y matriculadas.
Autoridades del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 apuntan a que esta situación “desencadenó un efecto adverso en el sector de la construcción, ya que hay muchos grupos inversores locales y algunos de la ciudad de Buenos Aires que demoraron o anularon sus decisiones de inversión a la espera de poder vislumbrar qué suerte correrán los proyectos de ordenanza demorados”.
Asimismo señalaron que “están en tratamiento cambios al Reglamento General de Construcción que tienen por objeto agilizar los trámites municipales. Estos proyectos, cuya aprobación está retrasada, tienen potencial no solo para generar trabajo genuino a profesionales y al resto de la industria, sino que son herramientas importantes para que el Poder Ejecutivo pueda contar con recursos legítimos”.
“Necesitamos otra velocidad de reacción entre el Poder Ejecutivo y el Deliberativo local, dado que hoy están en espera varios proyectos de ordenanza que podrían ayudar a la reactivación económica y a aportar ingresos a las cuentas del estado municipal”, expresaron.
“Pero comenzamos a recorrer las últimas semanas del año y el Concejo Deliberante se encuentra con la urgencia de aprobar el Presupuesto Municipal para el próximo año. Esto hace que su tratamiento sea casi excluyente, consumiendo buena parte de las energías del cuerpo deliberativo, situación que deja relegado al tan importante Plan de Reactivación Económica, junto con los otros proyectos mencionados”, señalaron en un comunicado.
Este año el Poder Ejecutivo local elevó varios proyectos de ordenanza con potencial incidencia sobre los ingresos a las arcas públicas, “es decir que afectarían positivamente al eventual Presupuesto 2021”.
El 13 de noviembre se inició en el Concejo Deliberante el debate por el Presupuesto para el ejercicio 2021 que dispondría para todo el ejercicio la suma de $21.926.294.000, cifra similar a lo que otras ciudades, como por ejemplo Rosario, San Miguel de Tucumán o Santa Fe, destinan en relación a su población para su funcionamiento anual.
“De la información publicada se desprende que a pesar de los aumentos previstos, los $2.200.000.000, destinados a obras públicas son una cifra bastante menor a los $7.600.000.000 con los que contará el próximo año el gobierno rosarino para el mismo fin. Por otra parte, en nuestra ciudad llegamos a ese monto gracias a aportes a realizar entre los gobiernos Provincial y Nacional que suman unos $1.685.000.000 contra los $3.500.000.000 que recibirá Rosario entre aportes del Estado Nacional y de la Provincia de Santa Fe. Pero mientras Rosario financia el 52% de Obras Publicas con recursos propios, General Pueyrredon sólo llegaría al 24% con este tipo de recursos”.
A la luz de las comparaciones, “nuestra ciudad tiene poca capacidad de generar recursos propios para destinar a obras, necesitando de los aportes del Estado Nacional o Provincial que aún están en proceso de confirmación. Además una de las principales actividades que generan recursos genuinos como es el turismo, se encuentra en crisis por la pandemia”.
“Creemos que el gobierno local debe poner en marcha los mecanismos que existen – y que las otras localidades mencionadas utilizan-, para volcar a obras de infraestructura: contribuciones obligatorias, convenios urbanísticos, participaciones público privado, o simplemente el cobro de derechos de construcción para obras de mantenimiento edilicio, por citar algunas herramientas posibles”, señalaron las autoridades distritales.
“El año que se termina fue terrible por causas ajenas a nuestra capacidad de acción, pero no estamos previendo las herramientas que están a nuestro alcance, para utilizar a la obra privada y la obra pública como motor de reactivación y fuente de recursos”, puntualizaron.
