El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, quien lleva adelante la causa conocida como “aportantes truchos”, desaprobó los estados contables de Cambiemos Buenos Aires de 2017 y pidió que se certifiquen los testimonios recogidos a fin de iniciar una investigación penal por el posible lavado de dinero.
En su fallo, Ramos Padilla ordenó “extraer testimonios” de lo obrado en ese expediente “e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito” en ese período, cuando el distrito era gobernado por María Eugenia Vidal.
Además, sancionó con multas a los espacios que conforman la alianza Cambiemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.
Se trata de una causa en la que la Justicia investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos a Diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y el binomio de postulantes a senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.
La lista de aportantes al PRO combina a 100 grandes empresarios y compañías que aportaron entre $500.000 y $3 millones y que sumaban $130 millones. Además aparecían otros 1400 donantes, más pequeños, que suman $20 millones, integrados por funcionarios, empleados públicos, personas en relación de dependencia, monotributistas y hasta algunos jubilados. En muchos casos, figuran dos o más ejecutivos de una misma empresa, aunque en los papeles aparecen como donaciones.
El caso se conoció por una nota periodística difunda en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante. Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.
En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña “no coincidía” con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.
A la vez, el magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, “los DNI no se correspondían”.
“Además, el magistrado consignó que la auditoría realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales”, añadió. También se detectó que 40 aportantes “podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos”.
Paralelamente, se detectaron 209 personas “que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses” y en el expediente se graficó que había aportantes que presuntamente donaron 20 mil pesos, pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron 17 mil pesos y cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La Justicia Electoral también tuvo en cuenta que “muchas de las personas declaradas en el informe” de Cambiemos “rechazan haber realizado el aporte informado”. Los peritos de la CNE cuestionaron luego el faltante de detalle sobre propaganda en vía pública, internet y redes sociales.
En 2017 Vidal era la presidenta del PRO bonaerense, la máxima autoridad partidaria. La ahora diputada nacional en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nunca fue citada por la justicia para que explique el origen de aquellos fondos para la campaña. Aunque tras conocerse el caso en los medios de comunicación, la entonces gobernadora desplazó a la que era secretaria de Legal y Técnica de su administración, María Fernanda Inza, quien como tesorera del PRO era la encargada de manejar las cuentas del partido durante la campaña de 2017. (DIB) FD
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